La Asociación de Generales de la Policía Nacional en servicio pasivo ingresó en la Asamblea Nacional hace casi un año un oficio con un pedido general de conceder amnistías a más de 200 servidores policiales, procesados por los hechos producidos en las violentas protestas de octubre del 2019, sin embargo, este no logró ser atendido.

El general en servicio pasivo Alfonso Camacho cuenta a EL UNIVERSO que su pedido fue negado al interno del Legislativo y destaca que fue de mucha relevancia porque permitió que incluso los mismos uniformados se enteren de que están enfrentando problemas con la justicia con juicios y acusaciones por haber ejercido sus labores y actuado en el control de las agresiones que fueron víctimas en 2019.

El gremio esperaba alcanzar el mismo trato que tuvieron los 270 ciudadanos que fueron amnistiados por el Legislativo, el 10 de marzo de 2022.

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“La misma Asamblea nos negó todo pedido, ya que no era un asunto político el nuestro y en comunicado nos indicaron que como esto no era algo político, no. Nosotros somos entes políticos de cualquier institución, pero dijeron que no, que nosotros estábamos controlando a manifestantes y que nuestros reclamos eran políticos”, cuenta.

QUITO. Manifestantes indígenas antigubernamentales llegan a pie a Quito el 8 de octubre de 2019.

Camacho dice que se les indicó hace unos cuatro o cinco meses esta decisión de la Asamblea y que optaron por quedarse tranquilos para no contribuir con la difícil situación política que vive el país y también porque los procesos judiciales contra los uniformados tampoco han avanzado, pero no descartan que si estas causas se activan volver a tomar acciones para pedir las amnistías.

“Cuando haya alguna otra insinuación jurídica, estaremos prestos para hacer el reclamo con mayor dedicación a los que ofenden y no a los que controlamos”, subraya.

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La Asamblea Nacional, según la Ley, debe renovar a sus autoridades y a quienes presiden las comisiones, esto significa que la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, presidida por Fernando Cabascango, deberá cambiar de presidente. Esta comisión es la que se encarga de avocar conocimiento sobre los pedidos de amnistías.

Pese que habrá este cambio, Camacho dice que su atención estará más en los cambios que se hagan en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para decidir si realizan acercamientos y no tener que pasar por lo mismo.

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“La semana pasada nos reunimos, la asociación de generales, de coroneles, de egresados y de servicio pasivo, para analizar que vamos a esperar que pasa con el nombramiento de nuevas autoridades para hacer los acercamientos o no. Esperamos poder conversar con el CAL en su momento”, comenta.

A los más de 200 policías para los que se pidió la amnistía se los acusa, en la mayoría de casos, de agresiones a las personas que estaban en las manifestaciones, de ser responsables de las heridas y pérdidas de ojos de los manifestantes.

No obstante, desde los uniformados han reiterado que salieron esa ocasión solo con elementos disuasivos para poder detener las avalanchas de personas que se registraron. Han reconocido que usaron en esa ocasión gases lacrimógenos; carabinas Trophy, que disparan un cartucho al aire que mientras cae se fracciona y en el suelo expulse el gas; y bombas lacrimógenas de mano, que también se arrojan al suelo. (I)