Ana Minga, experta en Criminalística, señala que la ciudadanía debe compreder que el país está en una “guerra” contra el crimen organizado y que por ello es necesario que vote sí en todas las preguntas, especialmente en las relacionadas con la seguridad. “No le estamos dando el sí a un gobierno o a una figura politica, sino a las herramientas para terminar con la violencia en el país que surge de grupos transnacionales que se valen de las bandas locales. Estamos salvando al Ecuador y nuestras vidas porque habrá mayores controles y sanciones a las mafias, que no van a querer meterse en el país y tomarán otras rutas”, dice.

Minga señala que la pregunta G que se refiere al incremento de penas en diez delitos establecerá un precedente para que la gente no caiga en la tentación de cometerlos, que siempre está motivada por las ansias de poder o de dinero.

Los diez delitos señalados en la pregunta son: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.

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La pregunta G de la consulta plantea el incremento de las penas en diez delitos. ¿Qué efecto positivo podría tener en el combate a la delincuencia?

Todas estas categorías de delitos que se incluyen en la pregunta corresponden al crimen organizado y entrarían a un régimen más riguroso de penas, lo que se complementa con otra pregunta que plantea que tengan un régimen cerrado para cumplirlas, o sea que no haya opción para que tengan rebajas de penas o el arresto domiciliario. Actualmente, alrededor de 400 personas están en arresto domiciliario, esto hace que se movilicen 1.200 efectivos policiales para cuidarlos, lo que significa millones de dólares de gasto del Estado. Lo que se busca, entonces, es atacar al crimen organizado que capta a bandas locales y tiene “negocios” paralelos, como el secuestro, la extorsión, las vacunas, el microtráfico. Todo es una cadena ilícita.

Hay muchos penalistas y activistas de derechos humanos que aseguran que el incremento de penas no es disuasivo para el cometimiento de delitos. ¿Qué opina sobre eso?

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El endurecimiento de penas es un precedente, una advertencia para que la gente no caiga en la “tentación” de ganar dinero fácil cometiendo delitos como el sicariato, producción de coca, y otros.

Pero por sí solo el endurecimiento de penas no solucionará el problema de la inseguridad. ¿Qué otras medidas cree usted que deben tomarse?

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Que suban las penas es parte de lo que se necesita para detener la violencia tanto como del crimen organizado y de la delincuencia común. Paralelamente entiendo que habrá (desde el Gobierno) programas sociales y de empleo para toda la sociedad, porque este tema pasa también por lo económico, si no das seguridad económica hay peligro de que los jóvenes sobre todo caigan en la delincuencia; ellos son cooptados por dos razones: una porque tienen mayor necesidad, y pasar de no tener nada a ganar 800 dólares a la semana por todo lo que el crimen organizado los pone a hacer, es bastante; y porque esto se ha convertido en una escuela de criminalidad, pueden ir ascendiendo y escalando, y mientras más jovenes sean les sirven más tiempo. También es necesario atacar a los capitales ilícitos, lo cual se estaría cubriendo con esta pregunta para endurecer las penas y establecer el régimen cerrado para el lavado de activos.

Si se aumentan las penas, los delincuentes pasarán más tiempo en las cárceles del país. ¿Cómo se mejoran las condiciones del sistema penitenciario?

Primero, depurando el sistema judicial y al sistema carcelario. Hay que dar mayor capacitación a los guías penitenciarios, y cambiarlos con frecuencia para que no entren a estos grupos criminales. También se necesita el apoyo militar para seguir resguardando las cárceles porque se han convertido en centros de negocios de las bandas y por eso la violencia se ha disparado en ellas y trasciende a las calles. Fortalecer el servicio a la comunidad. La rebaja de penas es una buena opción, en cooperación con la Fiscalía General, pero hay que analizar los casos y hacerla en casos de delitos menores. Muchos jueces han abusado de esta rebaja y del arresto domiciliario, dando ese privilegio a los capos de la bandas.. Además, hay que una perfilación real a las PPL (personas privadas de libertad), no con tests psicológicos estándar que incluso son manipulables ni tampoco como dijo una exministra de Gobierno, con el nombre de la PPL y el estrato social. No podemos deducir que porque viene de un sector pobre o vulnerable delinque; eso es justificarlo. Hay que estudiar su entorno, sus víctimas, el escenario donde comete el crimen, y así se podrá definir si puede entrar en un estado de rehabilitación. (I)


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