Por presunta violación al derecho de participación investigarán al rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui

Al rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sempértegui, se lo investigará por una presunta violación al derecho de participación, en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Fernando Sempertégui fue convocado este 23 de junio de 2023 a una audiencia pública que se instaló en el CPCCS para que detalle el trabajo de una Comisión de Auditoría Académica que analiza los textos de la tesis de grado que presentó la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, a la que no asistió.

Esta comisión se integró debido a una denuncia planteada por el grupo Acción Jurídica Popular que acusa a la fiscal Diana Salazar de haber «plagiado» textos de su tesis universitaria para obtener el título de abogada en el 2005.

El pedido de audiencia pública lo hizo el ciudadano Yuri Eduardo Chinga Arias, quien solicitó la presencia de Sempértegui para que «exponga públicamente sobre el proceso que lleva a cargo la comisión de auditoría académica conformada por la Universidad Central del Ecuador que investiga el presunto plagio de la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar».

El acto se convocó a las 10:00 de este viernes en el salón del pleno del CPCCS, en Quito, al que el solicitante asistió de forma virtual y expresó su indignación por la ausencia de Fernando Sempértegui.

También asistieron Angélica Torres y Priscila Schettini -esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por delito sexual-, integrantes de Acción Jurídica Popular, que aseguran que Salazar habría «plagiado» el 40 % de su tesis y el 25 % de un artículo indexado.

En representación del Consejo, el acto lo presidió el presidente Alembert Vera, acompañado de los consejeros Augusto Verduga y Johanna Verdezoto.

Vera reprochó que Sempértegui no contestó a la convocatoria ni con un oficio que explique su ausencia, por lo que solicitó a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del organismo que inicie las acciones investigativas que determinen si hubo una violación al derecho de participación.

Angélica Porras cuestionó al rector de la UCE por no asistir a explicar cómo funciona esta comisión y los protocolos que está implementando para analizar la tesis de Salazar.

Agregó que después de una revisión a un artículo indexado elaborado por la fiscal, y publicado en una revista legal, se le detectó el 25 % de posible plagio, que concluiría que se trata de «una conducta» y no de un «error de estudiante», se dijo en la audiencia pública.

Esta comisión auditora tendría como plazo hasta este 29 de junio para presentar un informe sobre lo hallado en la tesis de grado de la máxima autoridad de la Fiscalía y está integrada por César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho que preside la Comisión Académica; Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho; y Jaime Canseco, docente titular de Derecho.

El 1 de junio fueron posesionados los comisionados y se les otorgó un plazo máximo de 20 días para resolver y entregar su informe ante el Consejo Universitario de la Universidad Central.

Salazar también fue convocada a dos audiencias públicas que se hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana entre el 1 y 2 de junio, que las solicitaron Acción Jurídica Popular para exponer en qué textos, supuestamente, se habría incurrido en plagio.

Por ello, el CPCCS le inició una investigación por presunta violación al derecho de participación.

Los resultados que devengan de estas investigaciones se trasladarían a los órganos respectivos, para que se proceda con las sanciones, ha manifestado Vera en declaraciones públicas.

La ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana señala que una denuncia se admitirá cuando el “Consejo sea competente para conocer el caso en razón de la materia, atenten en contra de los derechos relativos a la participación o generen corrupción”.

Con previa aprobación del pleno, este informe puede incorporar la existencia de indicios de responsabilidad y formular las recomendaciones necesarias e impulsar acciones legales, de ser el caso.

Así también, puede solicitar a los “órganos competentes de la Función Judicial las medidas cautelares o las acciones que considere oportunas, para impedir actos de corrupción o suspender los hechos o actos que perjudiquen los derechos de participación o impidan el ejercicio del control social”. (I)