La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) expresó su preocupación por “los ataques mediáticos dirigidos contra la Corte Constitucional del Ecuador y sus jueces”. El pronunciamiento se generó la tarde de este martes, 12 de agosto de 2025, horas después de la movilización del Gobierno nacional hacia la Corte Constitucional, en Quito.

En un comunicado, el gremio de magistrados observó que cualquier forma de presión, amenaza o campaña de desprestigio constituye un atentado contra la independencia de la Corte Constitucional y, por ende, contra el derecho de las personas a un juicio justo y al debido proceso.

“La independencia judicial es el pilar fundamental de nuestra democracia y del Estado de derecho. Es la garantía de que las decisiones se tomen con imparcialidad, sin presiones políticas o de poder, asegurando así los derechos de todos los ciudadanos”, reza la misiva de la Aemaj.

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En este sentido, el gremio hizo un llamado a respetar y proteger este principio de independencia como un valor esencial para la estabilidad del país.

“La labor de jueces y magistrados, tanto en la justicia ordinaria como en la constitucional, consiste en dictar sentencias apegadas a la ley y a la Constitución”, destacó la asociación.

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Durante esta jornada, en el marco de la movilización convocada por el Ejecutivo para rechazar la resolución de la CC de suspender, de manera provisional, 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, se emitieron consignas en contra de los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional.

Incluso, se expusieron carteles y gigantografías con los rostros de los magistrados y la leyenda “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

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Los asistentes criticaron enfáticamente a los jueces. Hubo quienes exigieron su salida y hasta la cárcel.

Quito, martes 12 de agosto del 2025. Marcha convocada por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional, en protesta por las últimas decisiones adoptadas por esta institución con respecto a las leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea. Fotos: API / Alberto Suárez Foto: API

El Gobierno se ha desmarcado de haber financiado este tipo de material gráfico.

“No es una convocatoria que esté pagada con fondos públicos. Es una movilización ciudadana, no es una movilización financiada con fondos públicos”, dijo la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, en horas de la mañana.

Por su parte, en un comunicado, la Corte Constitucional afirmó que reconoce el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, sin embargo, puntualizó que estas manifestaciones deben ejercerse dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general.

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(I)