Informes de Proyectos de Ley de Vivienda y de la Contraloría, en la agenda de la Asamblea Nacional de la primera semana de noviembre

Los informes sobre el proyecto de Ley Orgánica de Hábitat y Vivienda; y el de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de la Contraloría General del Estado tienen previsto ser definidos esta semana por la Asamblea Nacional.Con respecto a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de la Contraloría General del Estado, busca superar los vacíos legales que han ocasionado los problemas que enfrenta la Contraloría, ante la ausencia definitiva del contralor titular y con ello fortalecer la eficacia de la institucionalidad de la entidad de control.La Comisión de Justicia se reunirá esta semana para aprobar el informe y ponerlo a consideración del Pleno. La mesa legislativa, antes de elaborar el borrador del informe revisó nueve proyectos de ley sobre la materia, presentados por los legisladores Ángel Maita, Francisco Jiménez, Luis Almeida, Sofía Sánchez y Yeseña Guamaní, así como los exasambleístas Mauricio Proaño, Ximena Ponce y Vicente Almeyda.El proyecto contiene las causales de cesación del cargo de contralor general del Estado, tales como muerte, renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, destitución mediante juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo.Además, fija los requisitos para ejercer tal dignidad; el mecanismo para la designación en caso de ausencia definitiva del contralor; y, elimina la figura de la subrogación ante la ausencia definitiva de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado.Mientras, que el proyecto de Ley Orgánica de Hábitat y Vivienda, que tiene previsto tratarse el próximo viernes 5 de noviembre, cuenta con 126 artículos, 15 disposiciones transitorias, una disposición general, 4 derogatorias y una disposición final.La normativa busca potenciar el rol y las obligaciones del Estado como productor-ejecutor de la vivienda, a fin de combatir el déficit habitacional, el agravamiento de las condiciones de hacinamiento de las viviendas, la baja calidad de la construcción, el elevado índice de ausencia de servicios básicos residenciales y el crecimiento acelerado de los asentamientos informales, según informó la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.“La presente normativa no incrementará los gastos del Ejecutivo, sino que permitirá una mejor distribución de los recursos para profundizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para la mayoría de los ecuatorianos”, afirmó Celestino Chumpi, presidente de la Comisión.El equipo técnico de la Comisión indicó que el proyecto recibió observaciones y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, así como de organizaciones sociales, empresa privada e instituciones públicas. Uno de los aportes que el equipo técnico acogió es el cambio de denominación y enfoque de la normativa.Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), y María Gloria Pérez, coordinadora jurídica de esa cartera de Estado, sugirieron que se incluya la simplificación de trámites para la adquisición de una vivienda y considerar las distintas clases de proyectos habitacionales.De igual forma, coincidieron que para garantizar una vivienda digna y adecuada se cuente con dos garantías: la sismorresistencia y servicios básicos.Además, otras recomendaciones llegaron desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), por parte de su directora jurídica, Karin Jaramillo, y el director técnico, Juan Carlos Macancela, quienes sugirieron que se realicen ajustes a los textos, en lo referente a los plazos y la articulación con otras leyes como la de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.Los legisladores Gustavo Mateus, Mariela Pajuña y Patricia Sánchez coincidieron con los representantes de AME, en solicitar al equipo asesor la revisión de la redacción, tanto de la justificación de motivos como de los considerandos, a fin de contar con una ley entendible y ordenada.Chumpi sugirió que las observaciones por parte de los legisladores sean presentadas antes del 5 de noviembre, tiempo en el que concluye el plazo para la presentación del informe para segundo debate. (I)

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