El bloque del Partido Social Cristiano (PSC) analiza la posibilidad y el momento para presentar una denuncia contra los asambleístas que abandonaron las filas socialcristianas y pasaron al oficialismo a conformar la Bancada Acuerdo Nacional (BAN).

Esta organización política de la lista 6, antes del primer mes de funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional, perdió las curules de cuatro legisladores: César Rohón (Guayas), Elías Jachero (Pastaza), María del Carmen Aquino (Santa Elena) y Gruber Zambrano (Santo Domingo de los Tsáchilas).

‘Camisetazos’, característica del primer mes de la nueva Asamblea Nacional

Actualmente, el PSC se mantiene con catorce legisladores. La coordinadora de la bancada, Dallyana Passailaigue, indicó que no se puede llegar al cargo defendiendo una agenda y una vez en él “virarse” a defender otra. Eso es deshonestidad con los votantes, con las provincias y con el país.

Esos casos, añadió, deberán ser llevados al Comité de Ética, al igual que el de la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero, que ha confesado a la prensa nacional que seguirán buscando fortalecer su bancada.

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“¿Cuánto le está costando al país ese fortalecimiento?”, preguntó Passailaigue, pues dijo que su declaración es insólita y es una confesión de que no pararán de negociar los votos. Una práctica que debe ser rechazada y detenida. No podemos iniciar una nueva gestión normalizando prácticas antiéticas, increpó la representante del Guayas.

El constitucionalista Stalin Raza comentó que en las provincias regularmente la gente se conoce y sabe por quién llega a ocupar los puestos públicos; y si el Gobierno está entregando cargos o cuotas a los asambleístas eso se llama “tráfico de influencias del asambleísta”, lo cual es prohibido para un legislador, pues cae en la causal de destitución por gestionar cargos públicos contemplada en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, afirmó.

El Comité de Ética puede actuar y, con base en pruebas y el debido proceso, puede determinar la destitución del asambleísta. En el anterior periodo hubo casos de legisladoras que fueron destituidas por gestionar cargos públicos, recordó.

En la Izquierda Democrática no se habla de la posibilidad de someter a dos asambleístas, Eitel Zambrano y Amada Ortiz, al Comité de Ética por salirse de la disciplina partidista.

La legisladora Wilma Andrade indicó que los directivos del partido no han mencionado ese tema, pero hay que mirar bien lo que contempla el Código de Ética, donde no se establece sanción para aquel asambleísta que se cambie de bancada.

El tema de representación por voto popular tiene la connotación de que a la larga está envestida del apoyo popular y no se puede quitar porque ha cambiado de criterio, anotó. (I)