La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional sesionará este lunes 4 de diciembre del 2023 para conocer el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, presentado por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.

Todavía no se fija la hora de la sesión en la que se avocará conocimiento del documento y de definirá el cronograma de trabajo, que incluirá comparecencias de las autoridades económicas y expertos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunió la noche del 1 de diciembre para calificar la iniciativa y derivarla a la comisión respectiva.

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La ley tributaria de Daniel Noboa, con una remisión tributaria, dejaría netos $ 832 millones al fisco

La Comisión está presidida por Valentina Centeno, quien es jefa de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y una de las más cercanas colaboradoras de mandatario.

El vicepresidente es Blasco Luna, de las filas de la Revolución Ciudadana (RC).

De la bancada de ADN están también Karina Subía, Steven Ordóñez y Nicole Saca.

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Y de la RC, Lenin Lara y Katiuska Miranda.

Por el Partido Social Cristiano (PSC), Jorge Acaiturri.

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El grupo se completa con Pedro Velasco, de Gente Buena.

La mesa tiene, entonces, ocho miembros de la mayoría legislativa que se integró en la instalación del periodo actual, integrada por RC, ADN y PSC.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ser un proyecto urgente, la comisión tiene diez días para entregar el informe para primer debate.

¿Qué cambios trae la nueva reforma tributaria propuesta por Daniel Noboa?

El documento tiene 96 páginas. Se proponen reformas a varios cuerpos legales para crear incentivos tributarios para generación de empleo, realizar una remisión tributaria y fortalecer el régimen de zonas francas y las asociaciones público-privadas.

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La ley tendría un impacto fiscal neto de aproximadamente $ 832 millones, que se recaudarían en 2024, según consta en el informe técnico del cuerpo legal.

Al tratarse de un proyecto económico urgente, el Parlamento tiene un plazo de 30 días desde su ingreso para aprobarlo o negarlo, es decir, el pleno deberá tomar una decisión hasta finales de diciembre. (I)