La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la compañía Advanced Navigation & Positioning Corporation (ANPC) pidieron a un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que agilice el tratamiento de una acción de protección para que se les permita avanzar en la instalación de un radar que reemplace al que fue dañado en el cerro Montecristi, en Manabí.

La compañía de seguros Interoceánica interpuso en el 2023 una acción de protección en contra de una resolución emitida por la Superintendencia de Compañías que la obligaba a cancelar una indemnización por $ 2 millones a la Fuerza Aérea tras el daño al radar ubicado en el cerro Montecristi, en un atentado que se produjo en noviembre del 2019.

Con esos recursos, la FAE planea arrendar un equipo por el periodo de un año.

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En diciembre pasado y en primera instancia, un juez de Guayaquil, Víctor Medina Zamora, falló a favor de Interoceánica y dejó sin efecto la disposición de la Superintendencia de Compañías

La FAE apeló a la decisión y ahora se encuentra para conocimiento de un tribunal de la Sala Penal de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, conformado por los jueces Henry Morán Morán, Carmen Vásquez Rodríguez y Efraín Cevallos Cercado.

La audiencia se convocó para el 3 de julio de 2024. No obstante, el 30 de mayo último, Morán solicitó al personal de la Corte que revise el sistema de agendamientos para adelantar la diligencia en atención a los pedidos que hicieron la FAE y la transnacional, aunque todavía no hay definiciones.

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La empresa, cuyo procurador judicial en Ecuador es Hernán Ulloa (expresidente y vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), ingresó un escrito en abril, en el que resalta la urgencia por resolver el recurso constitucional que le permita avanzar en la instalación de un nuevo radar.

Se relata que desde el 8 de marzo de 2023, la FAE y ANPC están en diálogos de una propuesta que consiste en dar en arrendamiento un Sistema de Multilateración de Área Local (LAMS) con un radar de vigilancia primaria que incluye un plan integral con transporte, instalación, entrenamiento, garantía y apoyo técnico.

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A futuro, la intención de la compañía sería donar el equipo a la FAE, una vez que concluyan los doce meses de arrendamiento que prevé el contrato.

«(…) Nuestro radar móvil está listo y operativo, si no fuera por este litigio que ha retrasado su implementación, afectando nuestra capacidad de cumplir con nuestros compromisos contractuales», expresa el oficio suscrito por Jeffrey Mains, apoderado de la contratista en los Estados Unidos.

Por su parte, el comandante de la FAE, Celiano Cevallos Calderón, en otro escrito, apeló a la declaratoria de conflicto armado interno que rige en el país y porque es un «tema de interés de la seguridad nacional que servirá para controlar el espacio aéreo para detección de naves ilegales que son utilizadas por las organizaciones narcodelictivas».

El 27 de octubre de 2021, en el cerro Montecristi la Fuerza Aérea Ecuatoriana puso en funcionamiento un radar para vigilancia y control del espacio aéreo frente a actividades ilícitas, pero el 7 de noviembre de ese año se produjo una explosión que lo dejó inservible.

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La institución militar reclama una indemnización de $ 2 millones por «costos de operación» que le servirían para alquilar un radar a ANPC que permita mantener el control aéreo hasta que el Estado ecuatoriano adquiera un nuevo dispositivo, cuya instalación tomaría unos 18 meses. (I)