La posibilidad de que las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, apoyen a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia organizada no será definida en el actual periodo legislativo que concluye el próximo 14 de mayo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, el 7 de diciembre de 2022, entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución con el objetivo de que se permita la participación de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en las tareas que realiza la Policía Nacional respecto a la protección interna y mantenimiento del orden público, sin que exista una declaratoria de estado de excepción.

El primer debate de este cambio a la Constitución se realizó el 16 de marzo pasado, y desde esa fecha, según el segundo inciso del artículo 422 de la Constitución, deberán transcurrir al menos 90 días para poder realizar el segundo y definitivo debate, esto es, el 16 de mayo próximo. Pero el Parlamento, el 14 de mayo, tendrá que cambiar a sus autoridades legislativas e inclusive a los integrantes de las comisiones especializadas permanentes, para los próximos dos años; de ahí que el trámite en el pleno de la reforma puntual a la Constitución quedará a decisión de la nueva autoridad.

Temores, preocupaciones y advertencias por reforma constitucional del Ejecutivo sobre la participación de FF. AA. en el combate al crimen organizado

Modificaciones

La iniciativa del Ejecutivo sufrió algunas modificaciones en el primer debate, de modo que la participación complementaria de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, armas y delitos conexos, y para ello se deberán cumplir tres pasos:

1. Una solicitud del comandante general de la Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado.
2. Un informe motivado del Consejo de Seguridad Pública del Estado.
3. Un decreto emitido por el presidente de la República.

En esta segunda fase de debate, los legisladores esperan poner parámetros en el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, donde se determine que esa participación de los militares debe darse bajo los estándares de ser extraordinaria, subordinada, complementaria y regulada.

Informe

La comisión ocasional de enmiendas, presidida por la legisladora Isabel Enríquez, de la bancada Pachakutik, aprobó un cronograma de trabajo que incluye comparecencias, análisis, debates internos y la presentación del informe para segundo debate para el 28 de abril próximo, tomando en cuenta que la tarea de esta mesa concluirá el 14 de mayo.

Enríquez protestó debido a la excusa del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, quien fue invitado en esta semana para que exponga la tesis del Gobierno respecto a la enmienda y los cambios que podrían aplicarse en esta última etapa de discusión.

“Ellos (Gobierno) evaden su responsabilidad en el tratamiento de la reforma constitucional cuando el presidente de la República sale a criticar a la Asamblea Nacional por una supuesta falta de tratamiento de la reforma constitucional”, afirmó Enríquez, quien aclaró que el Parlamento está dentro de los plazos establecidos para el trámite de una reforma puntual a la Constitución.

En esta etapa se volverá a invitar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante general de la Policía, al ministro de Gobierno, al ministro del Interior e insistirán en la presencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Según el cronograma aprobado, hasta el 19 de abril habrá comparecencias, luego habrá tres días para el procesamiento de los insumos y reuniones de trabajo, y el análisis, discusión y aprobación del informe para segundo debate está previsto para el 26 de abril y la entrega a la presidencia del Parlamento del documento el 28 del mismo mes.

La asambleísta de Pachakutik insistió en que se mantiene la propuesta de que el Consejo de Seguridad Nacional sea el organismo que emita un informe para la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, previo a un requerimiento de parte del comandante general de la Policía. Tras este informe el presidente de la República podrá emitir el respectivo decreto ejecutivo.

La representante del oficialismo ante la Comisión de Enmiendas, Blanca Sacancela (BAN), recordó que el documento presentado por el primer mandatario en la Asamblea el 7 de diciembre permaneció 30 días en la presidencia de la Asamblea porque no sabían a qué comisión enviar. Con ese retraso, la comisión arrancó su trabajo y cumplió los tiempos para el primer debate.

Respecto al segundo debate existe un cronograma y se espera que el informe esté listo para el 28 de abril, pero que el trámite en el pleno quedaría para el próximo periodo una vez que se realice la renovación de las autoridades legislativas.

La representante de Pichincha pidió la comparecencia del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, para conocer su preocupación respecto a la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en el control del crimen organizado, porque al tener hechos conexos se podría permitir la presencia militar en la protesta social.

Sacancela aclaró que ella no está de acuerdo en que haya una autorización previa del Consejo de Seguridad Nacional para la participación complementaria de las Fuerzas Armadas, que bastaría una petición motivada de la Policía Nacional y la autorización del presidente de la República vía decreto ejecutivo.

El establecer como requisito previo un informe del Consejo de Seguridad Nacional demorará el proceso de participación de las Fuerzas Armadas en tareas complementarias para el control del crimen organizado, alertó la oficialista, entonces bastaría seguir activando los estados de excepción. La diferencia con esta reforma constitucional es evitar el cometimiento de abusos en materia de derechos humanos. (I)