El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, indicó ayer, 27 de septiembre, que pedirán una reparación integral para las “víctimas” del paro que convocó la Conaie y gremios de trabajadores en junio pasado.

En esta mesa hemos dicho centralmente que debe haber una reparación íntegra a las víctimas que perdieron la vida; que quedaron mutilados parte de sus órganos, los huesos; que les quedaron perdigones en el pulmón. Así también, reparación para los casos de criminalización, aquí no para los dirigentes. Gobierno nacional, a través de la justicia deje de criminalizar como veíamos al exministro (Patricio) Carrillo que presionaba, en este caso, con la justicia. Si realmente hay un delito, entonces que pruebe la justicia en el debido proceso y no con presiones”, señaló.

Dos mesas de diálogo con la expectativa de tratar criminalización de líderes sociales

Estas declaraciones las dio en medio de las conversaciones que se realizan en las mesas técnicas de seguridad y derechos colectivos, como parte de los diálogos entre el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Conaie y ministros de Estado.

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La Constitución en su artículo 11, literal nueve, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la propia carta magna. Además, se indica que el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

Si bien la Constitución ampara el pedido de Iza, lo más conveniente en este tipo de casos es que se judicialice la causa para poder determinar responsabilidades y así establecer las medidas de reparación, y no debatirlo en una mesa de diálogo, indica Salim Zaidán, docente universitario y experto en derecho constitucional y derechos humanos.

Esto lo deben determinar los jueces una vez conocidas las acciones, omisiones atribuibles a ciertas autoridades estatales; una vez que se determinen los daños, se prueben. La prueba es fundamental para medidas de reparación, en especial las que son de carácter económico. Se necesita demostrar lo que se dejó de percibir a consecuencia de la vulneración de derechos. No es tan simple como cree el señor Iza”, dice.

Además, para evitar algún informe de Contraloría a alguna entidad estatal que disponga de recursos públicos sin ningún sustento. Esto sin contar con que la Constitución es muy general y no señala o designa alguna institución en particular que se encargue de la reparación.

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El espacio político vuelve a ser la vía para plantear la revisión de procesos judiciales; Gobierno e indígenas mantienen abierta la mesa de justicia, seguridad y derechos

Sin embargo, en el Código Orgánico de la Función Judicial se describen las competencias. Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo es el que generalmente determina la responsabilidad del Estado ante una vulneración de derechos. Sin la judicialización de los casos, la reparación integral sería muy forjada, afirma Zaidán.

Puede haber arbitrariedad de los montos si el cálculo lo hace el Gobierno. Yo no le encuentro competencias o atribuciones que respalden una eventual fijación de reparaciones desde el Ejecutivo, por ejemplo”, dice.

¿Policías heridos, negocios y empresas afectadas en el paro también pueden pedir reparación?

En el caso de los policías heridos, el camino es más complejo, dice Zaidán, ya que la Policía Nacional tiene el monopolio del uso progresivo de la fuerza y es la responsable de precautelar el orden público interno. Es decir, más que ser titulares de derechos (que los tiene) debe cumplir con sus obligaciones: “El derecho defiende más al ciudadano que al que ostenta el poder. Si hay daños a algún policía en particular, deberían judicializar estos casos y hacer responsable a los dirigentes (que convocan a las manifestaciones)”.

Para el experto, es necesario que en el país se sienten precedentes contra dirigentes de movilizaciones violentas, para que respondan por los excesos. La justicia debe determinar quiénes se excedieron y proceder a la reparación luego de determinar responsabilidades.

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Llama la atención que se pida reparación sin analizar la irresponsabilidad con la que actuaron ciertos dirigentes alentando justamente la violencia. Ellos también deben asumir sus responsabilidades”, dice.

Más de 20 días duró el paro nacional convocado por la Conaie. Foto: Cortesía

En tanto, para los negocios afectados es totalmente atribuible a los particulares que organizaron el paro provocando pérdidas. Los empresarios y trabajadores autónomos afectados deberían reclamar directamente a los dirigentes de las manifestaciones, añade el experto.

No obstante, este tipo de criterios es tomado por Iza y varios de los líderes del paro como “criminalización” de la protesta social. La Constitución ampara el derecho de la libertad de reunión, a la resistencia, pero no avala la violencia.

Esta es una clara línea que no comprenden ciertos dirigentes que se escudan en el derecho de la protesta social y todo tipo de procesamiento; lo llaman persecución, y no es así”, indica Zaidán. (I)