Tres exministros de Relaciones Exteriores de Ecuador ratificaron este jueves, interrogados por un juez español, que el gobierno ecuatoriano no estuvo detrás del supuesto espionaje al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, por el que se investiga a una empresa española y a su propietario.

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Los exministros Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa y una antigua alto cargo ministerial declararon como testigos por videoconferencia a petición de la defensa de Assange.

Los cuatro ya rechazaron tajantemente por escrito que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se diesen instrucciones a la empresa investigada, UC Global, para espiar a Assange cuando se encontraba refugiado en la Embajada ecuatoriana de Londres. Y hoy ratificaron esa versión, confirmaron a Efe fuentes jurídicas.

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Los testigos, que ocuparon esos puestos de responsabilidad entre 2013 y 2018, aseguraron que jamás permitieron que la empresa instalase micrófonos en la sala de reuniones de la Embajada.

Indicaron que la documentación que presentó el principal imputado en su descargo no pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, además de apuntar a su posible falsedad, ya que no tiene firma ni número oficial.

Aludieron así a un supuesto oficio del ministerio ecuatoriano aportado por el investigado, David Morales, donde se le propondría llegar a un acuerdo confidencial en relación con esta trama, algo que ya negó la exministra Espinosa y que este jueves ratificaron tanto ella como su subordinada, que apuntó a la falsedad del documento.

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Además, según las fuentes, también recordó que Ecuador prescindió de los servicios de la empresa de seguridad porque descubrieron que podría haber falsificado documentación de la Embajada.

Las declaraciones de hoy son parte de la investigación que dirige el juez Pedraz para dilucidar si UC Global, la compañía responsable de la seguridad privada de la Embajada entre 2015 y 2018, y su propietario (David Morales) espiaron a Assange mientras estuvo en la legación diplomática.

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El procedimiento judicial comenzó con una querella del fundador de Wikileaks, que apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el supuesto espionaje y seguimiento de sus reuniones con abogados y colaboradores.

Estas acciones podrían haber alcanzado al expresidente Rafael Correa, que también interpuso una querella; al abogado español Baltasar Garzón o al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador, Rommy Vallejo.

Hace unos días el Reino Unido autorizó la extradición del periodista australiano a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje; su defensa, que aseguró que piensa agotar todas las instancias, insistió en que Estados Unidos no ofrece garantías de un juicio justo. (I)