Ronny Aleaga pide que se detenga e investigue al asambleísta Fernando Villavicencio por difundir información de circulación restringida

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga presentó la tarde del martes último una denuncia en la Fiscalía para que se investigue al legislador independiente Fernando Villavicencio por difundir información de circulación restringida .Aleaga en su denuncia explica que Villavicencio escribió en su cuenta personal de Twitter: “URGENTE. A casi dos años de presentada la denuncia por parte de Pilar Ferri (exgerenta de Flopec del gobierno de Guillermo Lasso), por un presunto peculado en contra de las autoridades del gobierno de Lenín Moreno, la Fiscalía llama a declarar a Jhonny Estupiñán, Mireya Pazmiño, entre otros”.La infracción no estaría en el mensaje escrito, sino en la documentación oficial adjuntada, la cual sería parte de una investigación previa. Dos fotos del impulso fiscal con el que se disponen diligencias, como la toma de versiones libres y voluntarias de diez personas el 14, 17 y 18 de abril próximos, serían parte de la denuncia del correísta. “Procedo a presentar la denuncia por difundir información de circulación restringida, de acuerdo a lo previsto en el artículo 180, numeral dos, del Código Orgánico Integral Penal, (...) que prohíbe dicho actuar, siendo la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. (...) Por la naturaleza de la difusión, que hasta el momento de mi revisión alcanzó más de 5.000 visualizaciones, estaría poniendo en riesgo el debido proceso de una acción penal y (propiciando) la vulneración de las normas ecuatorianas”, sostiene el denunciante .Entre los pedidos que hace el integrante de la RC está que la Fiscalía tome acciones necesarias para que no se elimine el contenido digital, considerando que en el momento de su publicación tuvo un alcance significativo dicha información. Hasta ahora, el tuit mencionado por Aleaga en su denuncia no aparece en la cuenta oficial del legislador Villavicencio. La información en cuestión habla de una investigación previa por el presunto delito de peculado en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) relacionado con un contrato con el pool internacional Amazonas Tanker para transporte de crudo. El 17 de septiembre de 2021, la exgerenta de Flopec Pilar Ferri presentó una denuncia en contra de Jaime Condoy Blacio, gerente de la Flota Petrolera durante el gobierno de Lenín Moreno, por presuntas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo, entre ellos con Amazonas Tanker .En la lista de personas llamadas a rendir su versión constan los exgerentes de Flopec Jaime Condoy, Pilar Ferri y Johnny Estupiñán; asimismo están Édgar Armas (operador naviero subrogante de Flopec) y los exfuncionarios Vinicio Ríos (ex gerente comercial), Fulthon Zhune (ex gerente financiero), Silvia Hurtado (ex analista jurídica) y Diana Proaño Cornejo (exconsultora de la gerencia). Jhonny Estupiñán, en marzo de 2022, envió una carta al presidente Guillermo Lasso en la que advirtió sobre anomalías en los contratos de transporte de petróleo y arremetió contra Hernán Luque, entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) .También fueron convocados Carlos Varela Núñez, funcionario de la Contraloría, y la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, quien además es una de las acusadoras del juicio político contra Lasso. Pazmiño, en un informe emitido en octubre del 2022 desde la Comisión de Régimen Económico, indica que la asociación Amazon Tankers al 31 de agosto había generado utilidad de $ 24,1 millones. Pedía que Flopec mantuviera el 50 % de participación en este acuerdo comercial, para cumplir con la normativa y mantener las utilidades .Las versiones y las diligencias solicitadas se dan en momentos en que en la Asamblea Nacional está en curso el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias por el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Aleaga solicitó actos urgentes, como la preservación del tuit publicado, la custodia de la cuenta de Twitter de Fernando Villavicencio, el allanamiento del domicilio y del despacho del asambleísta denunciado y, además, su detención con fines investigativos. Finalmente se pide el decomiso de los equipos electrónicos que pudieron haber sido usados para la comisión del posible delito. La difusión o circulación de información de carácter restringido es un delito que puede ser sancionado con penas privativas de libertad de uno a tres años. (I)

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