La Asamblea Nacional no podrá someter a juicio político a cuatro miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque está en curso un proceso electoral, según el criterio del procurador del Estado, Íñigo Salvador, con lo cual se acelera el inicio de la interpelación a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), que espera su trámite en la Comisión de Fiscalización.

La petición de juicio político en contra de los consejeros del CNE, Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Esthela Acero, y el exconsejero Luis Verdesoto fue realizada por los legisladores Joel Abad y Mario Ruiz, de la bancada Pachakutik, el 9 de noviembre de 2021, y luego calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero no podía tramitarse porque antes había otros procesos y la ley orgánica de la Función Legislativa solo permite el trámite de un caso a la vez.

Los cuatro consejeros y Verdesoto están acusados de incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021.

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El 7 de junio, por petición de la Comisión de Fiscalización, la Asamblea Nacional consultó a la Procuraduría General del Estado si puede o no la Asamblea Nacional someter a juicio político a los miembros del CNE, en razón a la aplicación del artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en donde se determina que la Función Legislativa no podrá iniciar un juicio político a los integrantes del organismo electoral una vez que se hubiese efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados.

Juicio al Consejo de la Judicatura

Una vez que la Comisión de Fiscalización conozca la respuesta a la consulta realizada al procurador del Estado, tendrá que activar el inicio del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de ese organismo María del Carmen Maldonado.

El Consejo de Administración Legislativa, el 17 de febrero de 2022, calificó el pedido de interpelación solicitado por los legisladores de UNES Viviana Veloz y Fausto Jarrín, por incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la ley.

Las acusaciones se relacionan con la remoción de jueces por efecto de la evaluación cuya normativa ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones; incumplimientos en el concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia; nombramientos de conjueces temporales; concurso de selección a los jueces de la Corte Nacional del año 2020, que según los acusadores, se modificaron los parámetros para la calificación de méritos un día después del inicio de la etapa de méritos.

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Juicio al Consejo de Participación

El siguiente proceso de juicio que tendrá que tramitarse es el presentado en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que también fueron calificados por el CAL, el 17 de febrero de 2022.

Pero existen dos procesos en contra del CPCCS; el primero está presentado en contra de los cuatro consejeros que ahora forman la mayoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo contralor general, que fue aprobado en agosto de 2021. La solicitud la presentaron los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, de la bancada Pachakutik-Rebelde.

La segunda petición de juicio la presentaron los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo, de la bancada Pachakutik, pero en contra de los siete integrantes del CPCCS.

Acusan a los consejeros de incumplir funciones en la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado; destituir al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial. (I)