Al gobierno de Daniel Noboa le interesa mantener el control del trámite de los cinco proyectos que recogen las preguntas que ganó en la consulta popular; mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca evitar o al menos ablandar la sanción que podría recibir la legisladora Pamela Aguirre, tras autorizar la intervención del exlegislador correísta Ronny Aleaga, en una comparecencia donde participaba la fiscal general del Estado, Diana Salazar.