Temporalmente caída la reforma al COIP, el endurecimiento de penas para delitos graves en riesgo

La intención de los correístas de incluir los informes de las comisiones de Derechos Humanos para aplicar recursos de revisión penal a las sentencias ejecutoriadas pone en riesgo la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que nació bajo el concepto de endurecer las penas para enfrentar la inseguridad del país.

El debate sobre el endurecimiento de penas pasó a un segundo plano y copó toda la atención sobre la intención de incluir una nueva causal para los recursos de revisión penal.

En cuanto a temas de inseguridad, la reforma otorga nuevas herramientas a jueces y fiscales para que puedan sancionar con claridad y mano dura al crimen organizado y a la delincuencia común, en delitos como el sicariato, secuestro extorsivo, las vacunas y femicidio en el que se incrementaron las penas.

El correísmo presionó en dos escenarios distintos la inclusión de la reforma al COIP sobre la nueva causal para un recurso de revisión. La primera fue en la Comisión de Justicia, presidida por el legislador de la Revolución Ciudadana (RC) Fernando Cedeño, que según legisladores del PSC, a última hora incluyó cambios al artículo 658 del COIP que no fueron discutidos en primer debate, y tampoco aquellos textos referentes a eliminar la reserva de las investigaciones previas que realice la Fiscalía General del Estado.

División en la legislatura por reformas al COIP: el recurso de revisión y acceso a la información reservada de la indagación previa son los motivos

La segunda ocasión se registró cuando el mismo legislador Cedeño, este 15 de febrero en la sesión plenaria 900, presentó una moción para que la votación sobre el proyecto en debate se divida en dos bloques. Pero en el primer grupo de reformas que aparentemente se refería al endurecimiento de penas, se incluyó la disposición general única donde prácticamente se “reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, para los casos de recursos de revisión de sentencias.

Incluso se dispone que la Corte Nacional de Justicia revise de oficio y sin demora, conforme lo dispone artículo 658 del COIP, las sentencias afectadas por dichas decisiones, observaciones o recomendaciones internacionales. Ordena a los servidores judiciales y públicos ejecutar las sentencias, observaciones, pronunciamientos, decisiones o recomendaciones en un plazo no mayor a 45 días.

La intención de la bancada correísta, que insiste en el recurso de revisión a través de una disposición general, puso nuevamente en alerta a los socialcristianos, Gobierno y Construye, quienes enduraron su posición frente al proyecto y pidieron al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que suspenda la sesión y convoque a las 16:00 para la reinstalación.

Después de dos horas de negociación y diálogos entre los asambleístas representantes de las bancadas no salió humo blanco, por lo que coincidieron en suspender el trámite hasta encontrar una salida para avanzar en la aprobación de las reformas al COIP, que según los propios legisladores, un 90 % del texto es bueno con respecto al endurecimiento de penas.

Debate y discrepancias

El debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal se suspendió tras la exposición de las bancadas del PSC, Construye, independientes y de la Revolución Ciudadana que no cedían en sus posiciones. Para el primer grupo de legisladores el proyecto contiene temas complicados imposibles de aprobar, que incluso atropellaban la Constitución e inclusive abrían la puerta a la impunidad, dijeron.

En el otro sector, el correísmo insistía en que llama la atención que organismos internacionales de Derechos Humanos puedan revisar las sentencias penales donde claramente se habrían cometido violaciones de procedimientos y atropellos a los derechos de los procesados.

Para evitar que el proyecto sea archivado, como fue el planteamiento del movimiento Construye, se suspendió la sesión 900, hasta encontrar consensos.

Son cinco temas los que dividieron a los bloques:

1. Inclusión de una nueva causal para aplicar recursos de revisión penal (art. 79 del proyecto).
2. Levantamiento de la reserva de las investigaciones previas que realiza la Fiscalía (art. 71 del proyecto).
3. Imprescriptibilidad en varios delitos (art. 3 del proyecto).
4. Penalización de la propagación de enfermedades infectocontagiosas (art. 31 del proyecto).
5. Penalización del uso excesivo de la fuerza que realice un servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva, de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos (art. 41 del proyecto).

Vicente Taiano, jefe del bloque PSC, anunció que en la búsqueda de una salida podría presentarse una tercera forma de votar que permita que el Gobierno acceda a apoyar el proyecto revisando ciertas temáticas que se abordan en la consulta popular. Reveló que desde la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) se está proponiendo una nueva forma de votación de tres segmentos y se espera madurar esa propuesta.

Taiano, como parte de la Comisión de Justicia, reconoció que fue un error que con su voto se haya aprobado el informe para segundo debate del proyecto, y que en la moción presentada por Fernando Cedeño para la votación en el pleno se haya incorporado la disposición general única que era prácticamente una copia de lo que se había eliminado sobre el recurso de revisión, por lo tanto, no se podía aprobar la reforma. Por eso se tomarán tiempo para procesar el tema.

El representante de ADN, Adrián Castro, comentó que particularmente considera que el texto del proyecto debería regresar a la Comisión de Justicia para que el ponente del proyecto recoja todas las observaciones realizadas hasta el momento y en un plazo de ocho días se vuelva a discutir en el pleno, donde se tendrá que desechar aquel articulado sobre la nueva causal para un recurso de revisión penal.

Afirmó que el sector del Gobierno no apoya la propuesta de que incluya una nueva causal para aplicar el recurso de revisión a las sentencias que están legalmente instituidas en el país, así como permitir que el sector político del país tenga acceso a la información sobre investigación previa de la Fiscalía.

Castro afirmó que ADN no va a permitir la impunidad ni tampoco que organismos ajenos al país interfieran dentro del proyecto de ley, peor dentro de los procesos de revisión que están constituidos. (I)