Los testigos diplomáticos mexicanos requeridos por la asambleísta Jhajaira Urresta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), para fundamentar sus acusaciones en el juicio político en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, no comparecieron ante la Comisión de Fiscalización que, este jueves 25 de julio, cerró la etapa de comparecencias de testigos.
Urresta presentó tres acusaciones en contra de Sommerfeld: supuesta responsabilidad en la violación de normas constitucionales y tratados internacionales por los hechos registrados el 5 de abril, en la Embajada de México en Quito, cuando un grupo de uniformados del bloque de seguridad incursionó a la sede diplomática para detener al exvicepresidente de la República, Jorge Glas.
También responsabiliza por la negativa de conceder el salvoconducto a Jorge Glas y el impase diplomático de Ecuador con Rusia.
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Para este viernes 26 de julio está previsto recibir a partir de las 08:00 en la Comisión de Fiscalización a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, para exponer sus pruebas de descargo.
Luego intervendrá la asambleísta Jhajaira Urresta para fundamentar sus acusaciones. Posterior a esas diligencias empezará a correr el plazo de cinco días para que la comisión presente el informe para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.
La interpelante solicitó como prueba verbal el testimonio de Alicia Bárcena, canciller mexicana, para que rinda su versión sobre las relaciones diplomáticas con el Ecuador desde diciembre de 2023 hasta la presente fecha, en relación al otorgamiento del asilo al expresidente Jorge Glas y el allanamiento a la Embajada de México, el 5 de abril de 2024.
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Igualmente, pidió la intervención de Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador, a fin de que rinda su testimonio sobre las relaciones diplomáticas con el Ecuador desde diciembre de 2023 hasta la presente fecha, en relación con el otorgamiento del asilo al expresidente Jorge Glas y el allanamiento a la Embajada de México el 5 de abril de 2024.
Ante la ausencia de los testigos, la asambleísta Jhajaira Urresta, presentó prueba nueva apelando el segundo inciso del artículo 79 de la ley orgánica de la Función Legislativa, lo cual fue cuestionado por la canciller Gabriela Sommerfeld, porque no se anunció oportunamente el testimonio de Sacha Llorenti, de nacionalidad Boliviana, diplomático ante la ONU.
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La presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, no dio paso a los pedidos realizados por la defensa de Sommerfeld y los asambleístas del oficialismo.
En su exposición Llorenti, opinó sobre la gestión de la canciller Gabriela Sommerfeld con respecto a lo sucedido el 5 de abril pasado, y dijo que en el marco del derecho internacional no se puede invadir una misión diplomática, no se puede secuestrar a una persona declarada como asilada política y además se debió usar los canales diplomáticos como la negociación y diálogo político, pero sobre todo, el respeto a la soberanía de México.
Afirmó que la respuesta de Ecuador ante los hechos del 5 de abril estuvo llena de soberbia y de intentos de minimizar los hechos; “la conducta de las autoridades ecuatorianas han hecho ver al Ecuador como un Estado forajido, como un Estado más allá de la ley internacional”.
Tras la intervención de Sasha Llorenti, se abrió el debate y los legisladores del correísmo realizaron preguntas complementarias que condenan la irrupción a la Embajada de México.
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En cambio, la canciller a su turno señaló que no realizará ninguna pregunta porque la práctica de esta prueba testimonial no fue tramitada como corresponde, según la normativa legal.
Gonzalo González, abogado de la canciller en este juicio político, indicó que ningún incumplimiento de funciones, durante la etapa de prueba, ha sido probado; lo que se limitaron fue acusar en lo que reiteradamente han señalado respecto al asilo político al exvicepresidente, Jorge Glas, y del impasse sucedido en la Embajada de México, pero nada de eso tiene que ver con el incumplimiento o cumplimiento de funciones de la canciller Sommerferld.
Lo que ha sucedido este 25 de julio, explicó González, es violar el procedimiento al dar paso a la práctica de una nueva prueba que no estaba anunciada y no permitir siquiera a la impugnación conforme a un escrito presentado con anticipación a la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre.
Esta prueba nueva no fue anunciada oportunamente, basada en testimonios de última hora solicitados por la interpelante, pero que de acuerdo con la ley tienen que ser anunciadas previamente para que la canciller tenga la oportunidad de ejercer la legítima defensa.
La prueba indebidamente actuada no tiene validez, porque se trata de una infracción al debido proceso.
González anunció que la canciller presentará como pruebas tres audivisuales y dos pruebas testimoniales que se refieren a las violaciones que cometió el Gobierno de México al conceder el asilo al exvicepresidente Jorge Glas y no atender oportunamente las reiteradas solicitudes que hizo el Gobierno ecuatoriano a través de las distintas autoridades y particularmente de la cancillería.
“Ninguna de las acusaciones ha sido probada, por tanto, la canciller actuó en defensa legítima de Ecuador como es su principal obligación, atribución y facultad contempladas la Constitución y la ley”, afirmó González.
Luego compareció el diplomático Fernando Yépez Lasso, quien calificó como una barbaridad el considerar que este juicio político tenga que ver con una causa nacional y un enfrentamiento entre Ecuador y México. Que esto no es una causa nacional, sino que se discute la responsabilidad de la canciller frente a los tratados internacionales. Lo ocurrido en la Embajada de México es digno de una condena enérgica por el asalto a la sede diplomática mexicana, afirmó.
Mientras exponía Yépez Lasso, la canciller abandonó la sala y la sesión siguió con la recepción de testimonios solicitados por al interpelante. (I)
