La Unión Nacional de Educadores (UNE) hizo catorce propuestas al gobierno de Guillermo Lasso para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que declaró la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Este 18 de agosto, decenas de docentes del magisterio nacional acudieron en una movilización a la Presidencia de la República para presentar un pedido al presidente Guillermo Lasso para que convoque a una reunión con la UNE, la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) y el Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio (FLIM) para analizar la sentencia de la Corte Constitucional y viabilizar su ejecución.

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Entre otras demandas, quieren participar de la elaboración del reglamento a la ley reformatoria; que se reincorpore a los docentes que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria, que se cancele la bonificación económica para los docentes mejor puntuados en la evaluación que realizó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el 2011.

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Realizar la reforma presupuestaria para que se entreguen los recursos correspondientes al 2020, entre otras.

La sentencia de la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de las reformas a la LOEI, sin embargo, dejó suspendida la aplicación de la implementación de un sistema de seguridad social especial para los docentes y el incremento de las remuneraciones.

Corte declaró constitucionales reformas a la LOEI, pero no estará vigente el régimen especial de jubilación e incremento de salarios a los docentes

Ello, mientras se resuelve la inconstitucional por la forma sobre estos dos artículos de la ley, una vez que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República vuelven a tramitarlos en un lapso de siete meses, como lo dispusieron los jueces.

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La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, dijo que estas propuestas las hacen enmarcados en el artículo 95 de la Constitución, respecto de que la ciudadanía “en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado”.

En exigencia a que la Corte ratifique la constitucionalidad de las reformas legales, maestros y sus familiares realizaron una huelga de hambre que duró 32 días y que concluyó al conocerse la sentencia jurisdiccional. (I)