El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos, entidad creada en la ley del mismo nombre.

El documento fue remitido el 13 de octubre a Nicole Bonifaz López, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero se hizo público el lunes 23.

La terna está conformada por:

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  • Vianna Di María Maino Isaías, actual ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Es doctora en Jurisprudencia, con especialidad en alianzas público-privadas, y abogada de la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene estudios en negocios internacionales en la Universidad Santa María.
  • Dennis Gustavo Marín Lavayen, actual director del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat). Entre marzo y junio de 2023 fue coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Gobierno. Entre 2018 y 2021 fue asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC).
  • María Alexandra Maldonado Navarro, abogada por la Universidad Internacional SEK. En 2013 fue funcionaria del Ministerio de Justicia.

Esta es la segunda terna que plantea Lasso para dirigir la Superintendencia. La primera fue entregada en junio de este año y estuvo formada por Vianna Maino, Félix Gregory Chang Calvache y Blanca Esmeralda García Véliz.

Sin embargo, el primer mandatario retiró la lista en momentos que Alembert Vera presidía el CPCCS.

La Ley de Protección de Datos Personales está en vigencia desde el 26 de mayo de 2021. Al cabo de dos años de vigencia, en mayo de 2023 empezó a regir el régimen sancionatorio para quienes infrinjan la ley.

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En la norma se creó la Superintendencia de Protección de Datos, cuya autoridad debe tener título en áreas como el Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, con título de cuarto nivel y acreditar experiencia de al menos diez años con campos afines a la materia objeto de regulación de esta ley.

La máxima autoridad de la entidad estará en funciones por un periodo de cinco años. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes están ser ciudadano ecuatoriano, tener título profesional de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, tener título de cuarto nivel en áreas afines.

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Así también, no deben estar incursos en al menos catorce prohibiciones y sobre las que se deberá presentar una declaración juramentada en la que los concursantes señalen que no mantienen contratos con el Estado; el certificado de no adeudar al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); pensiones alimenticias; así como el documento de no tener responsabilidades y/o cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado. (I)