Viviana Veloz, quien hasta hoy es la presidenta de la Asamblea Nacional, rechazó este martes la denuncia realizada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), sobre una presunta rebelión en la instalación de la sesión del miércoles 14 de mayo.

“Me sorprende la denuncia por un supuesto delito de rebelión en la instalación de la Asamblea Nacional. Una denuncia que a todas luces es maliciosa, es infundada, es temeraria”, aseguró Veloz ante la prensa.

Según la funcionaria, “cada una de las ordenaciones y la limitación general han dado todas las facultades para que se desarrolle con total normalidad la sesión del 14 de mayo del 2025″, en la cual se instalará la nueva Asamblea.

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Por eso, recalcó que la denuncia “carece de fundamento alguno”.

A esta hora, Annabella Azín y Alfredo Serrano ensayan la sesión inaugural de la Asamblea Nacional

“Rechazamos firmemente este tipo de denuncias que buscan coaccionar, que buscan presionar políticamente a los legisladores electos”, señaló Veloz. “Hacemos un llamado a que todos los actores nos sometamos a las reglas democráticas y no a este tipo de acciones irresponsables, indecorosas, que debilitan la institucionalidad y que evidencian sus dudas”.

“Nos preocupa que esta denuncia el día de hoy sea una advertencia maliciosa para caotizar y para empantanar a la Asamblea Nacional”, agregó. “Esperamos que el día de mañana cualquiera que fue representado sea aceptado con profundo espíritu democrático”.

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¿Quiénes son los legisladores que podrían ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional?

La Fiscalía General del Estado abrió este martes una investigación previa por el supuesto delito de rebelión que se estaría fraguando en la Asamblea Nacional con el objetivo de evitar que la asambleísta nacional Annabella Azín, de la bancada ADN, dirija la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo y se traslade esa atribución a un asambleísta de las filas de la Revolución Ciudadana.

La denuncia nace de elementos afines a ADN y se pide de inmediato una investigación previa por el delito establecido en el numeral 2 del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene relación con los delitos contra la seguridad jurídica, en este caso, por impedir la reunión de la Asamblea Nacional.

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Como petición, en la denuncia se pide que la Fiscalía disponga el allanamiento y decomiso de dispositivos electrónicos en la presidencia de la Asamblea y su dirección jurídica, así como que se oficie al Consejo Nacional Electoral la certificación de votaciones nacionales para acreditar la prelación de la asambleísta Annabella Azín.

Según la denuncia, de concretarse la maniobra, impediría la reunión válida del pleno y bloquearía la designación de las autoridades de la Asamblea, paralizando el órgano legislativo en la fecha constitucionalmente perentoria. (I)