Concurso para jueces de la Corte Nacional estuvo ‘arreglado’, al punto que tres integrantes de la Judicatura tenían un número de magistrados asignados

De un concurso arreglado para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y del reparto de las direcciones nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura (CJ) también habló en su testimonio anticipado Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán en la Corte Nacional y entre mayo y agosto de 2023 coordinador jurídico del despacho de la presidencia de Terán y director nacional de asesoría jurídica de la Judicatura (CJ).

Este fue el segundo testimonio anticipado en el caso denominado Independencia Judicial, en el que son procesados por el delito de obstrucción de la justicia Wilman Terán, los exvocales del CJ Xavier Muñoz y Maribel Barrero, además de diez funcionarios y exfuncionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Por ejemplo, Palacios aseguró que el concurso para la designación de jueces nacionales iniciado en junio de 2023 “estaba totalmente arreglado”. Incluso explicó que el manoseo del proceso de selección llegó al punto de que ya se había repartido el número de jueces entre quienes hacían la nueva mayoría en el CJ: 3 jueces para el presidente Wilman Terán, dos para la entonces vocal Maribel Barreno y dos para el vocal titular Xavier Muñoz.

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“Estaba ya totalmente arreglado el concurso, que ya tenían sus candidatos. Dentro del concurso de jueces se produce un hecho bastante insólito. Si bien es cierto el director general (del CJ) tenía la potestad de poder modificar el cronograma, pero él no podía llamar a un nuevo examen de confianza. Les voy a contar por qué se llama a un nuevo examen de confianza optativo que podía dejar sin efecto el otro examen anterior: ¿Por qué sucedió esto? Porque la jueza de Santo Domingo (de los Tsáchilas), Anabel Torres, tenía que ser jueza nacional. Ella tenía que ser la ganadora del concurso de jueces nacionales porque ese era el ofrecimiento de Wilman Terán y también ya tenía el ofrecimiento de que ella iba a ser la presidenta de la CNJ”, aseguró Palacios.

Un dato extra que contó el ex asesor de Wilman Tewrán fue que conoce que quien le realizó la prueba y quienes obtuvieron las preguntas para el concurso de jueces nacionales era un grupo comandado por Santiago C., asesor directo de Wilman Terán en el CJ y también uno de los trece procesado por el delito de obstrucción de la justicia. “Eso realmente es algo que se tendrá que investigar”.

El 18 de enero pasado, el pleno del CJ, integrado por el presidente temporal Álvaro Román y los vocales Yolanda Yunpangui y Fausto Murillo, de forma unánime, declararon la “nulidad insanable” total del concurso iniciado y defendido por Terán.

El proceso para esos días ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre de 2023 una acción de protección planteada por el CAP y la FENAE.

La decisión tomada por el pleno del CJ obedeció a la identificación de anomalías en distintas fases del concurso, las cuales habrían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso. Además, se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y penales.

Según Palacios, dentro de la nueva mayoría en el pleno del CJ, integrada por Terán, Muñoz y Barreno, esta última vocal siempre había mantenido el pedido de que el doctor Walter Macías tiene que ser separado del conocimiento de la causa por tráfico de influencias que se le seguía a ella y al también a ese momento vocal Juan José Morillo. Finalmente, Macías llamó a juicio a Barreno, Morillo y al exjuez de Pichincha, Vladimir Jhayya, al existir elementos suficientes que relacionaban a los tres con la injerencia en una medida cautelar presentada por la legisladora Guadalipe Llori para evitar que se la saque de la presidencia de la Asamblea Nacional.

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En este punto, Palacios contó que el presidente y los dos vocales titulares aprovecharon para dividirse las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo hicieron esto, señor juez?, dijo Palacios ante la Sala. “Se dividieron las provincias entre los tres señores vocales y para mayor referencia le indico con ejemplos: Wilman Terán tenía Pichincha, Santo Domingo, Manabí; Xavier Muñoz, Guayas, El Oro, Los Ríos; la vocal Maribel Barreno tenía Chimborazo, Azuay y Pastaza, porque era oriunda de esa provincia”

Otra pregunta que se hizo Palacios es ¿para qué servía este reparto? Y el mismo se respondía que era para tener el control administrativo y jurisdiccional de todas las provincias a través de los directores nacionales.

Más adelante el em testimonio, al Palacios hablar de los “Cuartos de Guerra” en los que Wilman Terán reunía a su gente para analizar y realizar varios tipos de acciones irregulares, él sostuvo que Terán en esos lugares como presidente daba directrices de cómo manejar a las direcciones nacionales, pues el reparto no solo habría quedado en las direcciones provinciales, como anteriormente explicó, sino que también llegaron a las direcciones nacionales.

Le voy a poner un ejemplo exacto, dijo Palacios al juez de la CNJ, Julio César Inga, la Dirección de Transparencia pertenecía a Maribel Barreno, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica a Wilman Terán y la Dirección de TICS (Nuevas Tecnologías) a Xavier Muñoz. “En este momento no recuerdo cómo estaba distribuido todo, pero tengo la certeza de que fue así”, apuntó.

Wilman Terán participó vía telemática de la audiencia de testimonios anticipados. Él se encuentra internado en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) Guayas número 3, más concido como cárcel de maxima seguridad La Roca, ubicado en Guayaquil. Ahí se encuentra por ordenes de prisión preventiva en los casos Independencia Judicial y Metástasis, este último caso en el que 52 personas son investigadas por ser parte de una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero para manipular la justicia y a funcionarios judiciales con el fin de obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios. (I)