A José Andrés Coello Montúfar, abogado de profesión, el atentado que sufrió hace un año y casi cuatro meses le cambió la vida. Y no solo porque uno de los balazos con los que fue atacado le lesionaron la columna y lo dejaron en una silla de ruedas, sino porque además aun cuando gozaba de un subsidio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por riesgos de trabajo, el empleador, dice, lo desvinculó de sus funciones en enero de este 2023.

“Me desvinculan cuando no tenían que hacerlo, porque tenían que esperar la notificación del IESS y ahora resulta que el IESS me está poniendo trabas al momento de mi jubilación por accidente de trabajo, no lo quiere catalogar como accidente de trabajo”, menciona el profesional que desde el 2010 se ha desempeñado como abogado en varios estudios jurídicos y en el sector público.

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De hecho, el 5 de enero del 2022, cuando sufrió el atentado junto con la que hoy es su esposa, Coello laboraba en el Municipio de El Triunfo como procurador síndico. Ese día había terminado la jornada, se dirigía en su vehículo para Guayaquil y no había transitado más de una cuadra del Palacio municipal cuando fue interceptado por sicarios que se trasladaban en moto y le asestaron quince balazos.

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Por este ataque que sufrió, él no presentó ninguna denuncia, aunque tiene sospechas de quiénes pudieron estar detrás del hecho. Actualmente no tiene relación de dependencia y se desempeña en el libre ejercicio de la profesión.

Pero al cabo de más de un año del caso, el hombre se siente preocupado y a la vez con desazón con la administración de justicia, ya que al poco tiempo de haber sido aprehendidos dos sujetos por supuestamente haber grabado el ataque como prueba de que el atentado se cometió, los individuos salieron libres con medidas sustitutivas.

Ellos son José B. Z. y Jesús A. M., a quienes en audiencia de calificación de flagrancia realizada el 6 de enero del 2022 se les ordenó prisión preventiva.

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A los hermanos Eder M. C. y Luis M. C., la Fiscalía los vinculó en el proceso como presuntos autor directo y cómplice, respectivamente, en audiencia desarrollada el 10 de febrero del 2022, día en que se extendió la instrucción fiscal por 30 días más. Ambos recibieron como medidas cautelares la presentación periódica ante la Fiscalía los lunes, miércoles y viernes.

“A ellos les dieron medidas sustitutivas, a ellos les dieron presentación periódica (ante las autoridades), porque fueron vinculados”, cuenta José Andrés Coello.

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En vista de que a los presuntos autor directo y cómplice les impusieron aquello, los dos procesados inicialmente pidieron revisión de sus medidas apelando al principio de igualdad.

Según consta en el proceso subido en el sistema de la Función Judicial, el 24 de febrero del 2022, a José B. Z. y Jesús A. M., el juez James Naranjo Carrera les sustituyó la prisión preventiva por la presentación ante las autoridades los lunes, miércoles y viernes y prohibición de salida del país.

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Los cuatro procesados fueron llamados a juicio, pero uno de ellos tiene nuevamente orden de detención ya que no ha cumplido con las presentaciones periódicas ante las autoridades. Se trata de uno de los sujetos que presuntamente grabó a Coello el día del atentado, mientras él se desangraba tendido en el piso.

La audiencia preparatoria de juicio se ha diferido en varias ocasiones. La primera fue convocada para el 10 de mayo del 2022, se instaló y realizó, pero fue suspendida a petición de la defensa técnica de los procesados. De allí se convocó nuevamente para el 3 de junio, pero fue diferida por pedido de la defensa de los procesados para el 10 de junio.

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Llegó esa fecha y hubo un nuevo diferimiento para el 28 de junio. Ese día se reanudó la audiencia y se llamó a juicio a los procesados para el 22 de noviembre del 2022.

La diligencia se declaró fallida en esa fecha prevista, según consta en el proceso, por la inasistencia de uno de los procesados, José B. Z., su defensora particular y de una veintena de testigos de la Fiscalía.

Se fijó una nueva fecha para el 23 de enero del 2023. Ya para ese día el mismo procesado volvió a faltar, por lo que se dispuso la detención a ejecutarse en un plazo de 24 horas a fin de que comparezca a la audiencia de juicio. Y se estableció el 9 de marzo para la diligencia, día en que se difirió porque uno de los procesados adujo estar delicado de salud.

Pero ese día, además, se notificó la novedad de que José B. Z. no ha cumplido con la medida cautelar de presentación periódica, por lo que se ordenó su detención, revocándose la disposición inicial.

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La audiencia de juicio en este caso tiene una fecha, el 19 de mayo. José Andrés Coello Montúfar dice sentirse inconforme con la administración de la justicia ya que se ha permitido que uno de los presuntos cómplices del atentado que sufrió quede libre.

“Ha pasado más de un año y ya uno tiene orden de prisión porque no ha comparecido, se escapó, pues. Justamente el hombre que pasó al lado mío el día que me atacaron...”, expresa el abogado, quien no pierde la fe de que se haga justicia en su caso. (I)