Buenos Aires, un barrio ubicado en la zona alta de San Isidro del Inca, en el norte de Quito, enfrenta una creciente sensación de inseguridad.
Sus habitantes, en su mayoría residentes de conjuntos privados y casas independientes, han visto cómo su tranquilidad se ha deteriorado en los últimos años.
A pesar de la reciente reinauguración de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), el pasado 22 de marzo, los asaltos continúan y los moradores claman por una mayor presencia policial y estrategias efectivas para combatir la delincuencia.
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El mismo día de la reinauguración de la UPC, a pocas cuadras del lugar, una mujer fue asaltada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta.
Bajo amenaza de arma, le arrebataron su celular y dinero en efectivo. Este hecho refleja la preocupante situación del barrio, donde los ciudadanos han optado por evitar salir a la calle después de las 18:00 por temor a ser víctimas de la delincuencia.
Julio Díaz, residente del sector desde hace quince años, recordó con nostalgia los tiempos en que el barrio contaba con patrullaje policial constante.
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“Cuando había la UPC siempre teníamos patrulleros y policías en el barrio. Patrullaban por todas las calles. Ahora no hay. Lo único que hay son unos carteles rojos en las casas que dicen que tenemos protección, pero no hay acción policial real”, lamentó.
El vecino señaló que los asaltos ocurren con frecuencia en ciertos puntos críticos del barrio, como la parada de autobús en la calle Muelles. “Aquí es donde más roban. La gente sale en la mañana a trabajar y es ahí cuando los delincuentes atacan. No tenemos respaldo policial inmediato”, agregó.
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Otros moradores han reportado intentos de robo en la vía pública y en viviendas, especialmente en horas de la madrugada.
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“Hemos visto personas sospechosas caminando en las noches. No podemos vivir con esta incertidumbre, es necesario que las autoridades hagan algo más”, señaló otra residente.
Según una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, la comunidad se organizó para restaurar la UPC, que había quedado en abandono.
“Los vecinos colaboraron con dinero y materiales para arreglarla. Ahora ya está funcionando, pero seguimos sintiéndonos inseguros. Aunque tenemos alarmas comunitarias, no todos los residentes pueden acceder a los pulsadores”, explicó.
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No obstante, la reactivación de la UPC no ha sido suficiente para frenar la ola delictiva. “Justo el día que inauguraron la UPC asaltaron a una vecina. Parece una burla. Necesitamos más patrullaje”, concluyó.
Algunos ciudadanos han propuesto la instalación de más cámaras de seguridad y botones de pánico en puntos estratégicos, pero la falta de recursos y de apoyo gubernamental ha dificultado la implementación de estas medidas.
Durante el recorrido realizado en el barrio por este Diario se confirmó que la UPC se encuentra rehabilitada; sin embargo, no había policías en su interior.
Mientras la inseguridad es una preocupación constante, algunos vecinos también denuncian que los grupos de seguridad comunitaria han generado situaciones de estigmatización.
Una comerciante del sector señaló que su negocio ha sido víctima de falsas acusaciones en chats comunitarios. “Nos han involucrado en actividades ilegales sin pruebas. Mi familia es de adultos mayores y trabajamos honradamente. Hemos denunciado esto a la Policía”, relató.
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A pesar de ello, los comerciantes aseguraron que apoyan las iniciativas para mejorar la seguridad. “Los policías vienen a almorzar aquí y estamos pendientes de cualquier situación sospechosa. La comunidad está unida en este tema, pero necesitamos más respaldo policial”, enfatizó.
El barrio Buenos Aires, como muchas otras zonas de Quito, enfrenta un dilema: por un lado, la organización de la comunidad para enfrentar la inseguridad; por otro, los pedidos de los ciudadanos por más patrullajes.
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Entre los vecinos exigieron medidas concretas como mayor número de policías en la zona, patrullajes frecuentes y una coordinación efectiva con la comunidad para disuadir a los delincuentes.
En respuesta a las crecientes demandas de seguridad, los habitantes han organizado rondas de vigilancia comunitaria a fin de protegerse entre ellos ante la falta de respuestas inmediatas de las autoridades.
Ante esta situación, expertos en seguridad ciudadana recomendaron la implementación de estrategias integrales que incluyan mayor inversión en tecnología, patrullaje mixto con la comunidad y programas de prevención del delito.
“Es fundamental que las autoridades locales trabajen de la mano con los ciudadanos para desarrollar planes de seguridad eficaces. La delincuencia no se combate solo con policías, sino con un trabajo coordinado que involucre a toda la sociedad”, señaló un especialista en criminología. (I)
