El 24 de junio se retomará la audiencia que revisa las medidas impuestas a procesados en el caso Las Torres. Ese día, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, dará a conocer la resolución sobre los pedidos de revocatoria de la prisión preventiva en contra del contralor (s) Pablo Celi y Adolfo Augusto Briones. También se definirán las solicitudes de revisión de las medidas cautelares sobre Roy Calero y Pedro Saona.

La audiencia que analizaba los pedidos se desarrolló desde tempranas horas del 21 de junio y fue suspendida a las 17:10, luego de que se trataran los casos de Calero y Saona.

La fiscal general Diana Salazar expuso que, de acuerdo a información oficial, ninguno de los dos procesados no ha cumplido con la medida cautelar de presentación periódica que se les impuso en la audiencia de vinculación, el pasado 17 de mayo. Ellos debían presentarse periódicamente ante la CNJ.

“Este es un claro indicio de que ellos querrán eludir a la justicia”, manifestó Salazar al momento de solicitar que se reemplacen las medidas cautelares por la prisión preventiva para los dos sospechosos.

Hermes Sarango, el abogado defensor de Roy Calero, replicó que su defendido no reside en Ecuador desde hace dos años. Mostró un certificado laboral donde se indica que su cliente trabaja para la empresa Electrolux desde 1999 y que a partir de junio del 2019 está domiciliado y trabaja en la ciudad Miami, Estados Unidos.

Sarango expresó que esta situación fue puesta en conocimiento el 28 de mayo de 2021, dos días antes de la primera fecha en que debía presentarse ante la autoridad como parte de las medidas cautelares. “Jamás mi defendido ha pretendido o pretende evadir a la justicia, de ninguna manera”, afirmó el abogado y señaló que su cliente ha pedido que se le indique una nueva localización para que pueda presentarse.

Por su parte, el abogado Diego Racines informó que dejó de tener contacto con Pedro Saona, ya que cambió de defensa. No obstante, el jurista sostuvo que el procesado “tiene miedo de regresar al país” por falta de garantías.

La Fiscalía vinculó a Calero en el caso que se investiga porque supuestamente facilitó sus cuentas bancarias en exterior para recibir sobornos. Él debía presentarse ante la Corte cada tres semanas. La vinculación de Saona, en cambio, obedece a que presuntamente operó como consultor técnico de la organización delictiva; en su caso, el juez ordenó que se presente en el juzgado cada ocho días.

Antes de suspender la audiencia, el juez Córdova solicitó a la Secretaría que se certifique si Calero y Saona acataron las medidas cautelares. El Secretaría pronunció que no hay constancia de la presentación periódica de ninguno.