En plantel de Quevedo, docente de Matemáticas fue blanco de amenazas plasmadas en pasquines: el caso permanece en indagación previa

Quevedo, LOS RÍOS

En ciertos planteles de Quevedo, las aulas de clases se han convertido en espacios de intimidación para muchos profesores que se han vuelto blanco de amenazas de sus propios estudiantes.

Ramón (nombre protegido) lleva 20 años en el magisterio. Es profesor de Matemáticas y durante estas dos décadas se ha ganado el respeto y reconocimiento como uno de los mejores profesores de su unidad educativa. Su objetivo es que el estudiante pase de año aprendiendo y siendo merecedor de la calificación por la que se ha esforzado durante el periodo lectivo.

“Hay estudiantes que pese a las oportunidades que se les da no presentan tareas, no dan lecciones, no participan en clases. Todo esto lleva a que tengan un calificación baja y, por ende, si no mejoran son propensos a perder el año”, señala el docente.

Precisamente eso fue lo que les pasó a varios estudiantes del segundo año de bachillerato del preiodo escolar anterior, el 2022-2023.

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Debido a las malas calificaciones, los alumnos se quedaron en supletorio y consecutivamente fueron a examen remedial. Ante la falta de compromiso y dedicación a los estudios, había claras posibilidades de que reprobaran el año.

El 8 de marzo de 2023, Ramón llegó una mañana como de costumbre a laborar. Cuando ingresó al establecimiento educativo sus compañeros lo vieron con asombro y preocupación. La rectora del plantel lo llevó a su oficina y le mostró unos pasquines que habían empezado a circular dentro del colegio.

Extraños habían descargado una fotografía familiar del maestro de Matemáticas donde escribieron amenazas. La exigencia era clara: o pasaba de año a todos los estudiantes que se habían quedado en remedial o, de lo contrario, su vida y la de su familia estarían en peligro.

Ramón acudió al distrito de Educación a informar lo ocurrido, y posteriormente a la Fiscalía para denunciar el hecho por el delito de intimidación y amenazas.

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“Acudí a la dirección distrital (…) y las autoridades decidieron suspenderme a mí de los exámenes remediales, es decir, delegaron a otro profesor para que les tome el examen a los estudiantes (…). Entiendo que lo hicieron de buena fe, para precautelar mi integridad, pero esto permitió que todos los estudiantes de segundo bachillerato que se habían quedado en remedial pasaran a tercero de bachillerato”, relata el profesor, y menciona que quienes elaboraron el pasquín y aducían ser parte del grupo delictivo Los Choneros consiguieron su propósito: aprobar el año.

“Pese a que durante todo el año lectivo no hicieron nada, no presentaron tareas —de eso tengo evidencia—, informes, calificaciones, hoy esos estudiantes están próximos a graduarse”, afirma el catedrático.

El proceso en la Fiscalía sigue abierto y se encuentra en la etapa de indagación previa.

Luego de la denuncia se tomaron versiones a testigos; además se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos y otras diligencias. En la Fiscalía se informó que es necesaria la permanencia del demandante en el proceso y que este ayude con información para poder dar con los responsables de la elaboración del pasquín.

Ramón cuenta que ha ido a dos veces a la Fiscalía; pero, al ver que la diligencia no avanza, se ha despreocupado de su caso.

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Por las amenazas, su entorno familiar se afectó. El temor de ser víctimas de algún atentado lo obligó a él y a los suyos a permanecer por meses en casa.

Desde entonces el profesor permanece atento y con la incertidumbre de no saber quién de sus estudiantes habría elaborado el pasquín. Podrían ser alumnos con los que se encuentra de lunes a viernes durante la jornada escolar y con quienes quizás hasta interactúe.

El caso de Ramón es uno de los tantos que se registran en Quevedo, en la provincia de Los Ríos y en el país en general.

Para algunos profesores, la situación se ha salido de control y ha desbordado los estándares de seguridad. Ellos temen denunciar y a su vez son “obligados” a mantener silencio para conservar sus puestos de trabajo.

El 23 de diciembre del 2022, profesores, padres de familia y estudiantes de la escuela Quito se sorprendieron al encontrar sobre la puerta de ingreso la fotografía de una docente, una bala y un lazo de color negro con la leyenda: “Te vamos a dar bala por cargosa y meterte con mi hijo. A los niños no se toca”.

Un mes antes, en la unidad educativa réplica circularon pasquines donde se amenazaba a estudiantes y a profesores.

Las amenazas han puesto en alerta a la comunidad educativa. Sobre este tipo de hechos, la Coordinación Zonal 2 de Educación indicó que el Ministerio de Educación garantiza que las instituciones educativas sean espacios seguros.

Para eso, se señaló que, el 16 de febrero de 2023, el Ministerio de Educación, en articulación con la cartera del Interior y la Policía Nacional, emitió el acuerdo interinstitucional en el cual se expidió el plan nacional Escuelas Seguras y el protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del sistema educativo, que tiene como finalidad coordinar la implementación de acciones de prevención del delito y la violencia social para mejorar la situación de seguridad en las instituciones educativas y sus zonas de influencia.

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Se informó que una de las acciones que se ejecutan es la recepción, información confidencial y reservada de alertas sobre presunción de delitos no flagrantes o situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas. Esto, con el fin de evitar situaciones que puedan atentar contra la integridad y seguridad de cualquier integrante de las escuelas y colegios.

En caso de saber cuál es el o los estudiantes responsables de emitir amenazas o cometer otro tipo de infracciones, voceros de la Coordinación Zonal 2 de Educación dijeron que se inicia un proceso disciplinario cuyo expediente será analizado por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación de las acciones disciplinarias correspondientes.

Los estudiantes podrán ser sancionados de acuerdo a la falta que cometan con amonestación escrita de la autoridad competente, con la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa y con la separación definitiva de la institución educativa.

Se indicó también que, en los casos de separación definitiva de la institución, al estudiante se lo reubica en otro plantel y, mientras el trámite administrativo se gestione, la institución y el distrito deberán asegurar que el estudiante continúe con su proceso escolar desde el hogar.

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“En cuanto a los procesos legales relacionados a cometimientos de infracciones por parte de estudiantes, la Dirección Distrital de Educación es la entidad encargada de realizar los seguimientos necesarios con las distintas instancias judiciales involucradas, mientras que la autoridad educativa y el profesional del Departamento de Consejería Estudiantil deben estar pendientes de los resultados de las investigaciones policiales o medidas socioeducativas emitidas, información que es pertinente para el proceso de acompañamiento”, se informó.

La Dirección Distrital de Educación, a través de sus unidades de asesoría jurídica, debe brindar información legal al estudiante y a sus familiares o representantes legales respecto a los procedimientos administrativos o judiciales que se instauran en el proceso.

En caso de requerir patrocinio para los casos judicializados, la dirección distrital deberá remitir el caso a la Defensoría Pública y asegurar que el estudiante acceda al servicio.

El personal educativo y administrativo del plantel tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad y reserva de la información, con el fin de evitar la criminalización, estigmatización y discriminación del estudiante involucrado.

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Es importante considerar que las amenazas y extorsiones también pueden constituir un tipo de infracción penal, por lo que depende ya de la presentación de la denuncia formal ante las entidades correspondientes de seguridad y justicia, para establecer medidas de tipo penal a las personas vinculadas con estos hechos.

En este proceso son las personas de forma particular las que deben presentar sus denuncias a través de los canales establecidos por la Policía Nacional o en las instancias de justicia correspondientes.

Se indicó que sí han existido casos en los que se ha sancionado administrativamente a un estudiante y se ha procedido según lo detallado.

En el caso ocurrido en diciembre en la unidad educativa Quito se dijo que la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir solicitó a la Coordinación Zonal 5 de Educación el informe frente al incidente de inseguridad cometido contra la docente.

El 6 de enero del 2023 se remitió el informe técnico respectivo, donde se indicó que el 23 de diciembre del 2022 se activaron los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Y se acompañó a la docente a poner la denuncia por delito de intimidación en la Fiscalía, además que se implementó el plan de acompañamiento para la maestra por parte del Departamento de Consejería Estudiantil.

En este caso, la docente solicitó el traslado de la institución educativa. “Se debe mencionar que ninguna persona de la comunidad educativa fue vinculada en el hecho”, se señaló.

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El Ministerio de Educación no tiene cifras sobre el número de docentes que han sido víctimas de amenazas, ya que la recopilación de datos es responsabilidad de la Fiscalía, se dijo.

Sobre el problema de pandillas dentro de los colegios, se indicó que se trabaja con el plan nacional Escuelas Seguras.

“Actualmente, este plan se encuentra en proceso de una evaluación intermedia de los resultados de la primera fase de pilotaje implementada desde el mes de noviembre de 2022. Esto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos y realizar un proceso de retroalimentación y actualización a la propuesta”, se señaló.

Considerando el incremento de hechos violentos con armas de fuego, por ejemplo, las balaceras que se suscitan a nivel nacional, se indicó que han identificado la necesidad de desarrollar e implementar los lineamientos para la prevención, preparación y respuesta ante hechos violentos con armas de fuego (balaceras) en el interior y exterior de las instituciones educativas a nivel nacional.

Esto permitirá garantizar la protección integral de los actores de la comunidad educativa ante la presencia de hechos violentos con armas de fuego suscitados en el interior y exterior de las escuelas y colegios, además de reducir el riesgo de afectación a la integridad física y psicológica.

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Para Diego Cruz, psicólogo clínico, el estudiante abusa del poder que le otorgan sus padres. Asegura que esto se da cuando los padres son muy permisivos con los adolescentes y les dan la oportunidad de tener comportamientos erróneos con los docentes, porque desde el hogar no hay disciplina ni la ejecución de responsabilidades.

“El inicio del problema de amenazas contra profesores, para que estos pasen de año a un estudiante, está en el hogar. Los padres deben estar pendientes del rendimiento académico y la conducta de sus hijos dentro del establecimiento educativo. No deben dejarlos solos. Prácticamente, muchos padres solo los matriculan y durante todo el año escolar ni saben cuántas materias reciben, quiénes son sus compañeros, cuál es el tutor o tutora. Jamás les revisan los cuadernos y mucho menos los guían en la elaboración de una tarea. Por eso, el joven hace lo quiere, se vuelve irrespetuoso, altanero, y considera que deben pasarlo de año así él no haya cumplido con los exámenes o tareas encomendadas”, refiere el psicólogo.

Cruz precisa además que “la ausencia parental tiene consecuencias para los niños y adolescentes (…). Hay que tener en cuenta también los problemas sociales, familiares, económicos. La formación de un hogar inadecuado puede desencadenar un mal comportamiento, muchas veces agresivo y desordenado”, concluye el profesional. (I)