La clonación de lanchas se ha convertido en un dolor de cabeza para los pescadores. Cada vez que son víctimas de ese problema terminan vinculados como cómplices de un delito y con procesos administrativos en las capitanías de los puertos.

De acuerdo con cifras que maneja la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogos del Ecuador (Fopae), solo en 2022 unas 400 lanchas fueron bloqueadas en Manabí porque tenían procesos administrativos en las capitanías.

En algunos de estos casos, aparecían con problemas judiciales relacionados con hechos en los que generalmente les habían clonado las embarcaciones.

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Según la organización, los pescadores no se enteran de este problema hasta cuando van a matricular las lanchas y se encuentran con un proceso legal en el que constan como cómplices de un delito, que generalmente es narcotráfico, y deben presentarse a rendir su versión en la Fiscalía.

Fopae revela que sus socios gastan entre $ 500 y $ 2.000 en abogados y trámites para salir de esos problemas legales. Sin embargo, ve como una falencia que dentro del proceso se encuentren con otro inconveniente: ser víctimas de un delito que no existe.

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La clonación de lanchas es un problema frecuente en las costas del país y afecta a los dueños de las embarcaciones.

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Usan los nombres y las matrículas para colocarlas en otras embarcaciones y usarlas en el transporte de drogas o de combustible en altamar.

El problema es que la clonación de lanchas no está tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Para el abogado Miguel Delgado, quien ha llevado algunos casos judiciales del sector pesquero, es urgente, al menos por el tema de inseguridad que atraviesa el país, que se realicen reformas a las leyes marítimas, pues temas como la clonación de lanchas no pueden ser sancionados por la falta de legislación.

“Nuestra Constitución es garantista, pero no hay cosas claras. Por ejemplo, yo tengo un bote y digamos que se llama Ángel de la Guarda, pero me toman una foto y mandan a hacer una lancha con el mismo nombre y matrícula. Este tipo de delito no está regulado en la ley marítima. No consta como delito. Necesitamos reformas urgentes en ese sentido”, explicó.

En estos casos, la única forma que usan los pescadores para salir del problema es presentar los zarpes con las fechas y los nombres de las personas que salieron de pesca.

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“Eso es lo que garantiza limpiar el nombre y que los desvinculen de los casos, porque esa lancha fue clonada y no tiene responsabilidad penal”, agregó.

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Delgado también mencionó que, una vez aclarado el tema, las personas que se procesan no por clonación, sino por otros delitos como tráfico de drogas o combustibles, son quienes iban en las lanchas.

El abogado Marcos Moreira sostiene que, aunque para el pescador puede resultar fácil demostrar que no ha sido parte del cometimiento de un delito en una lancha que le clonaron, no deja de ser una pérdida de tiempo y dinero el limpiar su nombre dentro de un proceso judicial.

“Muchos de estos casos de narcotráfico se manejan en Quito o Guayaquil y ellos deben viajar hasta allá para entregar toda la documentación que los desvincule. Además, como sabemos, nuestros pescadores no conocen mucho de estos temas jurídicos y deben contratar los servicios de un profesional del derecho”, señaló.

Moreira cree también que se deberían tomar acciones para tipificar el delito de clonación, no solo de lanchas, sino también de carros, y que de esta manera se puedan sentar precedentes de sanciones a quienes lo realizan. “Si nadie dice nada o no se mete a la cárcel a alguien por la clonación de lanchas, lo van a seguir haciendo”, añadió.

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En los últimos dos decomisos de droga en lanchas, registrados en agosto de este año en Manta, las naves estaban con datos clonados.

Una de estas embarcaciones llevaba casi una tonelada de droga frente a las costas de San Mateo y la otra fue hallada en el patio de una vivienda en Santa Marianita. (I)