Apenas tres meses después de haber sido inaugurado, el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Masculino Guayas n.° 3, más conocido como La Roca, registraba ya un primer intento de fuga, pese al concepto de cárcel de máxima seguridad con el que fue concebida.

Se iniciaba octubre del 2010 y aquel incidente dejó ocho heridos, hubo explosiones que causaron dos orificios de unos dos metros cada uno en un muro del reclusorio. Policías y militares realizaron un operativo, se acordonó ese centro con alambres de púas.

¿Cuántos internos hay en La Roca, cárcel de máxima seguridad a la que fue trasladado alias ‘Fito’?

Oficialmente se indicó que la fuga se frustró aunque hubo un tiroteo y se informó que el artefacto explosivo habría sido lanzado desde el exterior. Surgían así las primeras inquietudes en torno a la garantía que ofrecía dicho reclusorio: ¿Cómo se ingresaron las armas a una cárcel de máxima seguridad?.

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Se reconocieron “ciertas vulnerabilidades” por la parte de atrás, que da al río Daule.

Luego de ese incidente vino un hecho aún más grave: en febrero del 2013, 19 reos vulneraron la seguridad de La Roca y lograron fugarse. Con armas de fuego y machetes, los reclusos sometieron a catorce guías penitenciarios y los encerraron y esposaron en las rejas de las celdas de visita y en una bodega.

En aquella ocasión, los 19 reclusos que se fugaron de La Roca fueron recapturados después.

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Entre los presos que protagonizaron ese episodio estuvo Adolfo M., alias Fito, quien actualmente es el cabecilla de la banda delictiva Los Choneros y que el pasado sábado 12 de agosto fue trasladado desde el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, más conocido como cárcel Regional, a La Roca, en el mismo complejo penitenciario ubicado en la vía a Daule, en Guayaquil.

Este año, el martes 4 de abril, en La Roca hubo un enfrentamiento armado. En ese entonces allí permanecía recluido Germán Cáceres, expolicía sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal. Él salió ileso de ese incidente, pero hubo tres reos asesinados y uno quedó herido.

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad encargada del control de las cárceles, atribuyó ese hecho a un enfrentamiento entre Lobos y los R7, bandas delictivas.

Los episodios citados son solo tres de otros que han puesto en entredicho la seguridad de este reclusorio construido por la Corporación municipal de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (con fondos de la Cámara de Comercio de Guayaquil y otros), tras un convenio suscrito en 2006 entre autoridades nacionales y locales.

Posteriormente, y ya bajo el manejo del Estado que exigió su administración, en 2010 se hicieron readecuaciones para su funcionamiento. La Roca estuvo cerrada por un tiempo a raíz de la fuga y la entrada en funcionamiento de la cárcel Regional.

Fue reabierta durante este Gobierno luego de una serie de adecuaciones. Se reactivó con el traslado de cinco reos considerados cabecillas de bandas que operan en el Centro de Privación de Libertad Azuay n.º 1, conocido como la cárcel de Turi, en abril del 2022, luego que en este último reclusorio se diera una matanza de veinte internos, aparentemente por una riña entre organizaciones delictivas.

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Posteriormente, esos internos fueron trasladados a otros recintos. Los traslados han sido dinámicos con base en una planificación del SNAI con el propósito de recuperar el control del sistema penitenciario en un contexto en el que se han dado varias masacres en cárceles.

Hoy está vigente un estado de excepción en el sistema carcelario, lo que permite la incursión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La medida rige desde julio pasado por 60 días.

Con el traslado de Adolfo M., alias Fito, y de Tomás Daniel P. C., alias Gordo Candela o Candelario, y Freddy Geovanny M. L., alias Gordo Mendoza, quienes serían miembros de la banda Los Águilas, La Roca tiene actualmente cuatro internos, según el SNAI. Antes de la reubicación de estos reos había un solo recluso allí.

¿Qué hacer para que la seguridad en La Roca no se vulnere?

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, sostiene que aunque la edificación tenga la mejor infraestructura si en la administración del sistema carcelario hay corrupción es complicado que no se ingresen armas o haya atentados con explosivos como ya ha ocurrido.

Ella menciona que los guías penitenciarios son los primeros en ser cooptados por las mafias criminales, por su poder económico. “Lo que tienen que hacer es rotar a los guías para que ellos (internos) no puedan tenerlos como miembros de sus mafias y evitar el ingreso de las armas. Estar haciendo todo el tiempo requisas de armas (...) y tratar de cortar las comunicaciones, que no tengan celular, que los inhibidores de señal sirvan”, expresa.

Cree además que en el contexto actual es indispensable que alias Fito no tenga contacto desde su celda con el exterior, ya que en su afán de ejercer presión para ser trasladado nuevamente a la cárcel Regional, el cabecilla de Los Choneros podría disponer asesinatos de gente de afuera, incluso de los mismos policías que han caído en estas mafias cuyo poder económico se basa en el narcotráfico.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, coincide con Zumárraga en cuanto a la necesidad de depurar la corrupción a través de controles al personal encargado del sistema penitenciario y de inteligencia.

”Mientras se mantenga el personal, no se le haga ningún tipo de control exhaustivo asumiendo que tienes una parte que podría estar vinculada a las organizaciones criminales, el traslado de los presos no va a ser tan efectivo como quisiera el Gobierno. Esa es la idea general y creo que más importante”, expresa él.

Cree que al haber estado cerrada por algún tiempo, La Roca no tiene la tecnología para evitar que las personas privadas de libertad (PPL) tengan comunicación dentro del reclusorio.

Estados de excepción del sistema carcelario

En su afán de controlar el sistema penitenciario, el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dispuesto tres estados de excepción para este ámbito. El primero se decretó el 29 de septiembre del 2021, un día después de una masacre en la Penitenciaría del Litoral en la que se contabilizaron 118 privados de libertad asesinados.

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Ese régimen se aplicó por 60 días y luego se renovó por otros 30. El tercer estado de excepción para las cárceles se dispuso el 24 de julio del año en curso y rige por 60 días, luego de la matanza de 31 reos en la misma Penitenciaría del Litoral y de incidentes en otros reclusorios del país.

Uniformados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del SNAI han ejecutado operativos en los que se han decomisado droga, armas, explosivos, electrodomésticos y demás artículos prohibidos en los reclusorios. También se han reubicado pabellones y trasladado a internos considerados de alta peligrosidad. (I)