Creación de consejos de seguridad ciudadana, facultad municipal establecida en el Cootad que se pide ejecutar en barrios de Guayaquil

Sin desligar la responsabilidad del Gobierno nacional en cuanto a mantener el orden público, principalmente a través de la represión del delito, el llamado a los alcaldes del país es a que impulsen y coordinen acciones de prevención que aporten a combatir la delincuencia organizada, cuyos tentáculos se extienden tanto a espacios públicos como privados, incluso en casas hospitalarias.

Noticias relacionadas

Ministro del Interior señala que, tras la aprobación de ley de uso progresivo de fuerza, se necesitan reformas a otras leyes

hace 2 años

Asamblea Nacional aprueba la ley que regula el uso legítimo de la fuerza

“Una gestión compartida entre los distintos niveles de gestión y de Administración pública, así como entre diferentes segmentos y grupos poblacionales, garantiza mayores probabilidades de éxito. En materia de prevención, el Gobierno central, los Gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad tenemos que actuar como un solo puño, de forma integrada y cohesionada”, expresó el lunes de esta semana Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.

Sus expresiones se dieron en el marco de la reunión por la seguridad que mantuvo el presidente Guillermo Lasso y sus funcionarios con alcaldes, prefectos y gobernadores para abordar el problema de inseguridad que vive el país y que se ve reflejado, entre otras cosas, en el incremento de muertes violentas.

El secretario de Estado mencionó que la seguridad no se obtendrá únicamente con el fortalecimiento de la Policía Nacional (el Gobierno prevé incorporar a 30.000 nuevos uniformados durante los tres años que le quedan) o con la creación de policías metropolitanas municipales.

En barrios hay voces a favor de que así como el cabildo colabora en materia de seguridad exija resultados

“Sino a través de una planificación con una visión integral, que busque abordar los problemas más agudos y estructurales, reducir factores de riesgo y fortalecer factores de protección. Este bien público que es la seguridad ciudadana debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado y sus distintos niveles, la sociedad e inclusive el sector privado”, remarcó Jiménez en su alocución ante los representantes de los Gobiernos descentralizados.

¿Qué dice la ley?

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece las competencias de los municipios en materia de seguridad en dos artículos: el 54 y el 60.

En el primero se establece que son funciones de los cabildos: “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

Mientras que el segundo artículo establece como atribución de alcaldes o alcaldesas: “Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

“No hay nada de eso. Si hubiese, no tuviéramos tanta gente asesinada. No hay semana en que no haya un crimen aquí. Creo que esta organización de consejos o comités sí sería útil, porque uno como morador conoce lo que hay en su barrio o sector”, comentó una habitante de Pascuales.

Guillermo Leones, coordinador de la Unión de Organizaciones Comunitarias de Plan Piloto, comentó que la conformación de los consejos es una herramienta que no se cumple, y que serviría para que las autoridades conozcan más de cerca los problemas de cada distrito del Puerto Principal.

Esta parroquia y Ximena son dos jurisdicciones de Guayaquil donde se aplica un toque de queda focalizado, de 23:00 a 05:00, en el marco del estado de excepción que rige en Guayas, Manabí y Esmeraldas, dispuesto por el Ejecutivo para contrarrestar los índices delictivos en estas tres provincias.

En la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, van más de 600 asesinatos. Muchos de estos crímenes tienen relación con actividades de narcotráfico, según la Policía Nacional.

Consejos de seguridad ciudadana

Para varios moradores de la urbe porteña, la creación de consejos de seguridad dispuesta en el Cootad es una deuda que, si se salda, podrá coadyuvar a frenar el auge delictivo.

Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, manifestó que es obligación de los Gobiernos municipales cumplir con lo establecido en dicha normativa, más allá de que el responsable de la seguridad es el Gobierno nacional, porque maneja la Policía, Fuerzas Armadas y el sistema carcelario.

“El Gobierno debe dar los recursos económicos para que los municipios puedan cumplir. Es de conocimiento público que están atrasados, ni siquiera pueden hacer las obras, peor van a poder aplicar esto. Entonces, también el Estado, así como está sugiriendo que los GAD cumplan con su deber, de acuerdo a lo que establece la ley, también debe dotarlos de los recursos económicos”, expresó él.

El exfuncionario dijo que la participación de la comunidad en los consejos de seguridad es de mucha utilidad, pues cada quien conoce la problemática del sector en el que vive, mejor que cualquier otro agente externo.

“De repente, en el sector no hay buena iluminación, las calles están dañadas y hay mucho bache; y, como los carros van lento, los asaltan. Para eso son estas reuniones, en donde se ve la problemática y la incidencia de un mapa georreferencial del delito. Es bueno escuchar también a los actores que son los ciudadanos”, enfatizó Gagliardo.

Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), regional 5, que agrupa a Guayas, Santa Elena, Galápagos, Bolívar y Los Ríos, señaló que los cabildos no tendrían limitaciones para crear los consejos de seguridad ciudadana, pero que estos no solo son de responsabilidad municipal, pues deben estar integrados por comisarios, jefes políticos, intendentes y policías.

“Los podemos crear hoy o los podemos crear mañana, no tenemos ningún tipo de limitación. Pero con la boca no vamos a llenar todas las expectativas que uno con acción exige, peor si no tenemos recursos”, remarcó el personero.

Alvarado destacó el aporte de los municipios con la Policía. Cámaras, vehículos, motocicletas y logística forman parte de la colaboración de los cabildos. En Guayaquil, la Alcaldía ha destinado más de $ 27 millones en seguridad, detalló la alcaldesa Cynthia Viteri en mayo pasado.

En entrevista con Teleamazonas el martes anterior, la principal edil de la ciudad sostuvo que el cabildo porteño sí está trabajando en prevención respecto a la seguridad ciudadana.

Habló de la recuperación de adolescentes y jóvenes con problemas de adicción a través de centros de rehabilitación, de la atención en educación a más de 14.000 niños en sus propios hogares, de la dotación de becas y recursos tecnológicos.

Gobierno quiere ‘desempolvar’ su propuesta de consulta popular que podría orientarse en preguntas sobre seguridad ciudadana

Viteri cuestionó la falta de asignación de recursos del Gobierno central a los cabildos.

“Guayaquil está poniendo cerca de 800.000 dólares al mes, solo por el estado de excepción. Si hay algo más que podemos hacer para que al Gobierno le vaya bien en materia de seguridad, que nos lo diga, pero hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance”, expuso la alcaldesa a la televisora.

Mencionó que el equipo municipal que trabaja sin armas captura delincuentes, prácticamente con fuerza de voluntad y física, cuando debería recibir del Gobierno central dispositivos no letales.

Y dijo que a diario muestran los rostros de los antisociales y que en la ciudad se distribuirán carteles con las fotos de estas personas y del fiscal y juez que tenga a cargo ese caso, para que la ciudadanía los conozca. (I)