Una reforma integral del sistema penal, no solo del penitenciario, y acciones que apunten a frenar el narcotráfico en el país son asuntos necesarios para solventar la crisis del sistema carcelario que existe en Ecuador, opinan expertos en seguridad y derechos humanos que evalúan la idea del presidente Guillermo Lasso de liberar a unos 5.000 detenidos para reducir el hacinamiento.

El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, dice que si no se frena la operación de bandas locales que son “tercerizadas” por cárteles internacionales de la droga, los asesinatos entre miembros de esas organizaciones delictivas continuarán.

Él advierte sobre dos mafias procedentes de Brasil que están ganando territorio en Colombia y se aproximan a la frontera con Ecuador, donde operan, mediante bandas locales, cárteles mexicanos que rivalizan entre ellos. Las “megabandas”, como las llama, “se caracterizan por el control de los centros carcelarios para manejar el crimen internacional”.

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“Si atacamos el narcotráfico vamos a reducir la influencia de los cárteles internacionales sobre las bandas locales y reducir los niveles de violencia y confrontación interna, tanto en las calles como en los centro carcelarios”, asegura Pazmiño.

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LATACUNGA. Presencia militar en los exteriores de CRS Sierra Centro Norte de Cotopaxi. Foto: Wilson Pinto

Pero no es lo único que hay que hacer. La selección de guías y administradores es otro problema estructural, dice el experto en seguridad, “porque no se realiza por perfiles orientados de una manera técnica”.

Por eso, él sugiere que por unos dos años la Policía se haga cargo del control interno de las cárceles, “donde está realmente el problema, porque allí está la corrupción”.

En ese tiempo, opina, se deberían formar guías penitenciarios con asesoría internacional, estableciendo protocolos y estándares de excelencia interna para el manejo de las cárceles, que deben estar a cargo de administradores expertos en manejo de crisis y solución de conflictos.

Los centros carcelarios tienen que estar manejados por criminólogos, sociólogos o psicólogos, no son cargos para compadrazgos o cuotas políticas”.

Para Daniela Oña, abogada experta en derechos humanos y personas privadas de la libertad, “se necesita una reforma integral, que no se refiere únicamente al manejo de la gestión penitenciaria, sino más bien a la intervención en todo el sistema de justicia penal”.

Y es que decenas de abogados y organizaciones de la sociedad civil han mencionado ya la problemática de tener un Código Penal sumamente punitivo. “Este es uno de los principales problemas que se observa sobre la crisis carcelaria actual”, dice Oña.

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“Si no pensamos en un proceso de reforma, si solamente se va a reestructurar la forma como se han manejado las cárceles, lo que posiblemente tengamos es una salida para un par de años, un alivio temporal, pero el problema va a persistir”.

Cuando Lasso mencionó a CNN, la noche del jueves, la posibilidad de que unas 5.000 personas salgan de la cárcel para aliviar el hacinamiento, se refería a reos que no han cometido delitos graves.

“El procedimiento parte por elaborar el expediente desde el sistema penitenciario, para que sea un juez y sean las cortes las que decidan si realmente aquella persona merece o no los derechos carcelarios, es decir, salir de la cárcel; porque, por ejemplo, habrá cumplido ya un 60 % de su pena en delitos menores”, explicó.

Abuso de la prisión preventiva

Pero hay otro problema: los presos sin sentencia. “El tema de la prisión preventiva es un elemento que ha generado la sobrepoblación carcelaria que ahora tenemos, pero también lo es el Código Penal y cómo se lo ha usado”, dice Oña.

Ella cita las mismas cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), actualizadas hasta mayo, que hablan de una población carcelaria de 38.685 reos, de los cuales el 40 % corresponde a personas que aún no tienen sentencia.

“Eso es un número muy elevado. Estamos hablando de que es casi la mitad del total de la población carcelaria la que está allí esperando que la justicia diga si son culpables o inocentes. Entonces, es importante verificar qué está pasando a nivel de la Fiscalía, que es la que solicita la medida cautelar de prisión preventiva, y qué pasa con los jueces que, a veces por presión mediática, acogen esos pedidos”.

Otro dato no menos importante, dice Oña, es que del otro 60 % de los detenidos que sí tienen sentencia, un 37 % cumple condenas menores a cinco años, porque no han cometido delitos graves. Es de lo que Lasso habló. Si se dispone la salida anticipada de los reos con sentencias por delitos menores y de aquellos que ni siquiera han sido juzgados, en las cárceles del país se reduciría drásticamente el hacinamiento, y los guías penitenciarios, con el apoyo de policías y militares, tendrían un mejor control.

Hay testimonios de personas que dicen que sus familiares llegaron a la cárcel por un robo, pelea con lesiones y otros delitos menores, y les ha tocado unirse a alguno de los bandos criminales que confrontan entre ellos por buscar refugio y protección. “En la cárcel no puedes ser neutral, a esos los matan primerito”, dice una mujer afuera de la Penitenciaría del Litoral.

Oña no reniega de la prisión preventiva como medida cautelar, pero hay que considerar en qué casos sí aplica, por ejemplo, para delitos graves, que impliquen riesgo de fuga del procesado o amenaza para la víctima. Y determinar que en delitos menores se puedan dictar medidas alternativas como la presentación periódica ante un juez, el uso de grillete electrónico o la prohibición de salida del país.

Si un gran porcentaje de la población penitenciaria está allí por un delito menor, es posible ir pensando en salidas tempranas de la prisión y ver alternativas para que cumplan su pena con la sociedad”.

Para Oña, sería un error decir en términos generales que se va a liberar a 5.000 presos. “El Gobierno debe asegurarse de que la comunidad sepa que no hablamos de personas peligrosas que han cometido femicidios, asesinatos, violencia sexual, etc., sino de personas que cayeron en delitos menores pero que no son peligrosas para la sociedad”.

“De la crisis carcelaria actual no podemos salir solos, no estamos preparados; necesitamos de cooperación internacional de países con sistemas carcelarios bien organizados, como España y Francia”, opina Mauricio Gándara, exministro de Gobierno.

Lasso, en una entrevista con CNN en la que habló de disminuir el hacinamiento, liberando a unos 5.000 detenidos, manifestó que no se ha contemplado la privatización del sistema carcelario. (I)