Mediante operativos simultáneos realizados, la madrugada de este viernes, en las ciudades de Quito (Pichincha) e Ibarra (Imbabura) por la Fiscalía y la Policía Nacional fueron detenidas cuatro personas que tendrían participación en la venta de medicamentos falsificados en el país.

Arcsa emite alerta por falsificación de medicamento Meloxicam

Los cinco allanamientos realizados dentro de este caso en diversas zonas de Quito e Ibarra eran parte de una investigación previa iniciada hace más de diez meses por la Fiscalía. De operativo también fue parte personal de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Hasta el momento lo que se conoce es que se incautaron en lugares dispuestos como bodegas en donde se acopiaba más de un millón de medicamentos falsificados de todo tipo, e incluso caducados, cuyo valor luego de su comercialización podría sobrepasar los $ 400.000.

Información de la Director Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción de la Policía revela que los medicamentos adulterados llegaban desde Perú y Colombia y eran internados en el Ecuador usando caminos clandestinos. Los cuatro detenidos, según dijo el coronel Freddy Galarza, director nacional de Investigaciones de Delitos contra la Corrupción, serían ecuatorianos y no registrarían antecedentes previos.

“Insumos médicos y productos de consumo humano caducados, adulterados, sin contar con las regulaciones sanitarias correspondientes, productos que eran envasados de manera irregular, para luego ser almacenados y comercializados en Ecuador”, apuntó el oficial.

Entre lo incautado estuvieron fármacos adulterados de medicamentos con nombres comerciales, pero que no poseían los registros sanitarios que la ley determina, e incluso se encontraron cajas con medicamentos que dejaron de venderse en Ecuador hace muchos años, por ejemplo, la terramicina.

Las autoridades no han profundizado en más detalles de la operación, que en algunos lugares allanados continúa con el levantamiento de información. Lo que si se ha confirmado es que los detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades respectivas para que se les formule casos y se inicie la instrucción fiscal por el delito que acuse la Fiscalía. (I)