Luis Alberto Ruiz Noboa, de 40 años, fue acribillado por un sicario que, a través de la ventana de su casa en el bloque 12 de Bastión Popular, le disparó en 15 ocasiones el domingo 30 de enero. Una semana antes, el sábado 22 de enero, un extranjero albanés también fue acribillado en un restaurante en el norte de Guayaquil.

El asesinato del albanés quedó grabado en las cámaras de seguridad del restaurante, a diferencia de la muerte de Luis Alberto, un bodeguero que trabajaba en una empresa de yogur. En su caso, los agentes de criminalística levantaron los indicios balísticos y buscaron sin éxito si en el barrio algún aparato grabó al sicario.

Las cámaras de seguridad, que enfocan hacia la vía pública, representan una de las pruebas más eficaces para atrapar a los criminales responsables de las muertes en Guayas, provincia que el año pasado acumuló 1.365 asesinatos, sicariatos, homicidios o femicidios, el 48 % a nivel nacional, según datos de la Fiscalía.

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Solo en enero de 2022, esta provincia contabilizó 183 de estos delitos, 108 % más que los 88 muertos que se reportaron en 2021, el 33 % de los 359 asesinados en el primer mes de este año a nivel nacional.

Guayaquil concentró el 30% de estos delitos en enero, con 120 muertes violentas, aunque la mayoría no fueron captadas por las cámaras de seguridad, un equipo tecnológico cuyo déficit afecta la investigación de los delitos contra la vida en el país, según señala un informe policial que, además, recalca la urgencia de que los negocios y locales comerciales, grandes y pequeños, cuenten con estos dispositivos de seguridad.

Nosotros queremos comprometer a las personas que tienen actividades económicas comerciales, a través de diferentes locales, que ayuden colocando cámaras de seguridad más modernas, con mejor resolución

Dorian Balladares, director subrogante de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro)

Incluso, proponen expertos en seguridad y de la misma Dinased, se debería crear una ordenanza para que se incluya como requisito para obtener el permiso de funcionamiento el que los locales comerciales coloquen cámaras de seguridad que enfoquen la vía pública. “Cámaras que no solo albergan información en los VVL, sistema de almacenamiento de información, sino que también se lo haga a través de la nube informática o almacenamiento de datos, y esto nos permitirá tener elementos de convicción que a través de los peritajes técnicos científicos establecer la identidad de los participantes en los diferentes eventos”, explica Balladares.

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Desde 2012 una ordenanza municipal exige que las empresas e instituciones públicas coloquen sus propias cámaras de vigilancia en áreas exteriores, pero esta medida no rige para los pequeños negocios o comercios de la ciudad. A través de esta ordenanza se han instalado unas 640 cámaras, poco para las 500 anuales que se habían previsto al inicio.

Las 1.340 cámaras de seguridad municipal que hay en Guayaquil no abastecen para la cantidad de delitos que se cometen a diario. Estos equipos o los del ECU911, señala la Dinased, tampoco cubren todas las áreas peligrosas, o por su resolución no ayudan a identificar a los sospechosos. En la ciudad, según detalla César Barberán, director de Operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, CSCG, la mayoría de cámaras están ubicadas en el sector norte (517) y noreste (210), en el centro hay 246 y las parroquias rurales tienen 12.

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En cambio, en el sur hay 248 y en el suburbio 107 dispositivos de videovigilancia. Sin embargo, en estos dos últimos sectores es donde el municipio -a través del ECU911- ha registrado más muertes violentas en 2021 y 2022. En el suburbio y Guasmo también se registra el mayor número de disparos y personas armadas.

En el sector conocido como La Playita del Guasmo se registró el 21 de enero un ataque de sicarios que acabó con la vida de 5 personas e hirió a 11, mientras que en el suburbio fue abatido un hombre que junto a otro en una motocicleta intentó asaltar a unos policías que vestían de civil en las calles 33 y García Goyena.

“Desde el inicio del proyecto Ojos de Águila (2002) se coordinó con la Policía Nacional para la ubicación de los puntos de videovigilancia. Posteriormente, se ha ido incrementando el número de cámaras, con el objetivo de crear anillos y corredores de seguridad según la necesidad y geografía de cada zona”, precisa Barberán. (I)

15.000 nuevas cámaras, 1.800 para ver rostros

De las 15.000 cámaras que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) instalará en la ciudad, 1.800 contarán con un sistema que podrá reconocer los rostros de los delincuentes en las calles, al buscarlos con las fotos que tiene la Policía en su base de datos.

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Estos dispositivos, que graban audio y video, también pueden detectar a sospechosos o vehículos que hayan pasado más de una vez frente a un mismo sitio; placas y detalles del vehículo; y alertará si hay personas en ‘poses amenazantes’ o sin mascarilla.

Alcaldesa Cynthia Viteri ratifica apoyo a la Policía con la renovación del contrato de camionetas, y anunció que que llegarán 15.000 cámaras en los próximos meses para fortalecer la seguridad en Guayaquil

Así lo detalla la CSCG en la contratación de esta tecnología, que está en etapa de preguntas y respuestas y cuyo costo asciende a $ 29,5 millones por cuatro años de servicio, que incluye la colocación de las cámaras en el primer año del contrato, 113 postes, 50 terabytes de almacenamiento para los videos que se enviarán a la Fiscalía o Función Judicial, 12 consolas, 16 monitores, entre otros.

Con los videos de las 1.800 cámaras, agrupadas en 450 puntos de conexión (nodos), se harán esos análisis ‘avanzados’ una vez al día, según el proceso. Y con las otras 13.200 cámaras -en 3.300 nodos- se podrá, por ejemplo, contar a las personas y vehículos y alertar si hay aglomeraciones.

El sistema, según la CSCG, es automático y “se especializa en la imitación de la cognición humana para realizar el monitoreo y captura de imágenes” que se enviarán a las entidades de respuesta.

Este 24 de febrero se prevé adjudicar este servicio a Telconet o CNT, únicos proveedores que tienen la certificación (TIER III o IV) que se exige en la compra. (I)