El asesinato del fiscal Édgar Escobar frente a la Fiscalía del Guayas reveló la inseguridad que existe en los edificios judiciales y los pedidos que desde hace meses hacen las autoridades locales para obtener mayores recursos y declarar en emergencia a la Función Judicial, pues no solo estarían expuestos por la naturaleza de los casos que llevan, sino porque ni siquiera hay guardias de seguridad o iluminación en las dependencias.

De hecho, el caso de Escobar no ha sido el único. El 4 de febrero, un abogado en libre ejercicio, identificado como Eduardo V., fue baleado al salir de la Fiscalía de Durán. Le dispararon tras subirse a un taxi informal y el conductor también fue alcanzado por las balas.

Había participado de una diligencia antes de su ataque y le dispararon cuando regresaba a Guayaquil.

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Son un total de 385 jueces que hay en Guayas, al menos 182 de ellos resuelven casos del ámbito penal y un cifra similar de fiscales que estarían expuestos, según María Josefa Coronel, la directora de la Judicatura del Guayas, quien mencionó que actualmente hay 6 jueces con resguardo policial.

Ella explica que desde hace años hay un protocolo para dar seguridad a los funcionarios, pero que muchos no lo aplican.

Se trata de un formulario que está en la página web. Coronel indica que el pedido llega directamente a Quito y allá se coordina con el Ministerio del Interior para asignar la seguridad al funcionario.

 María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, habla sobre seguridad en la función judicial. FOTO Jorge Guzmán  Foto: El Universo

Aunque el proceso no demora mucho, la funcionaria expone que han tenido casos en los que la llama algún juez para pedirle seguridad porque se va a trasladar a alguna diligencia y le han conseguido un patrullero.

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Eso ocurrió la semana pasada con una jueza que trabaja en un cantón de Guayas.

Coronel explica que en 2019 solo un juez pidió seguridad, en 2020 fueron tres los funcionarios, en 2021 cuatro jueces requirieron seguridad por amenazas y en lo que va del 2022 ya son seis jueces de Guayas a quienes la judicatura les ha conseguido el resguardo.

Como estas cifras se han incrementado, la directora de la judicatura del Guayas menciona que su ambición es tener una unidad de seguridad judicial solo para funcionarios, que les permita sentirse seguros.

Además, también aclara que el pedido que hizo la Corte de Justicia del Guayas no era necesario, porque los jueces pueden determinar las audiencias que se hacen de forma telemática.

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Mientras tanto, insiste en que el Consejo de la Judicatura asigne el presupuesto necesario para hacer las mejoras y contratar seguridad para los 47 edificios judiciales que hay en la provincia del Guayas.

Ella mencionó que los recursos financieros que produce Guayas son de cerca de $ 20 millones de dólares y que solo reciben cerca de $ 3 millones. Espera que se acabe con el centralismo y que en Quito consideren que Guayas merece un trato especial por la ola de violencia a la que se enfrenta, pues prácticamente todas las semanas hay alertas de bomba en los edificios donde se dan audiencias.

El miércoles las autoridades del sistema judicial y el Ministerio del Interior acordaron que se hará un estudio de las edificios para determinar su situación y mejoras necesarias.

Se calcula que solo para mejorar las instalaciones del Complejo Judicial de Florida son necesarios 2 millones de dólares porque no tiene ni iluminación.

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La idea de las autoridades es crear una mesa técnica interinstitucional que reportará cada semana los avances. (I)