Luego de seis meses de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, el Gobierno nacional mantiene bajo estado de excepción a seis provincias del país y además un cantón de Azuay, donde los eventos de violencia han persistido.
En Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay) se mantiene esta medida restrictiva por grave conmoción y conflicto armado interno, según el Gobierno.
Esta declaratoria continua para bajar el cometimiento de delitos y la intensidad de la presencia de grupos armados organizados, de acuerdo con el decreto.
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Según datos de la Policía, un total de 8.008 casos de muertes violentas se registraron a nivel nacional en 2023 y el 84,16 % se concentraron en seis subzonas: la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas, parte de esas incluidas en la actual declaratoria de estado de excepción.
“Ocho de cada diez homicidios ocurren en estos territorios”, se recoge en un informe del comandante general de la Policía, del 7 de enero anterior, y citado en el Decreto Ejecutivo 110 que se emitió en uno de los recientes estados de excepción.
De acuerdo a las autoridades, tanto la ministra del Interior, Mónica Palencia, como el comandante de Policía, César Zapata, sostuvieron el pasado 7 de julio, en Manta, que a nivel nacional hay una reducción del 18 % en muertes violentas, con una baja de 659 casos del 2023 al 2024.
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En el análisis de cifras, entre el 1 de marzo y el 19 de junio, según datos de la Policía Nacional, hay una dinámica de cifras que han disminuido en varias provincias, mientras que en otras persiste el aumento.
En este lapso, a nivel nacional hubo 1.929 casos de muertes violentas, lo que evidenciaba una baja del 17 % en comparación con los 2.320 eventos de 2023.
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Tomando en cuenta estas cifras, en varias localidades, como Manabí, Los Ríos, Orellana y Santa Elena, hay una subida de casos en el 14 % (276 a 315), 12 % (233 a 260), 50 % (18 a 27) y 10 % (68 a 75), respectivamente.
Mientras, las localidades de Guayas, Esmeraldas y El Oro tienen el efecto contrario con una baja del 17 % al 62 % de índices de muertes violentas entre marzo y junio del 2023 al 2024. En Guayas, por ejemplo, bajó de 1.091 a 864 casos.
En la Zona 8, que está integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, también hay un efecto de caída de registros.
Del 1 de enero al 27 de junio anterior hubo 1.036, es decir, 18 % menos de los 1.262 registrados en el mismo periodo de 2023. No obstante, en el cuadro de la Policía se ubica en primer lugar el distrito Durán, con un incremento exponencial de 287 % de casos, que se disparó de 60 a 232 eventos en el primer semestre.
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En el grupo de provincias a la baja, Esmeraldas tuvo un descenso mayor de 154 a 59 muertes violentas, que marcan 95 casos menos comparando 2023 y 2024.
En el caso de El Oro, asimismo, tuvo una caída del 42 %, al pasar de 187 a 109 casos de muertes violentas en el mismo periodo.
En Manabí, la provincia con mayor repunte de casos, hubo la intervención del Bloque de Seguridad hace pocas semanas.
Del 6 de junio al 7 de julio, citó, a partir de la incursión de este grupo no había muertes violentas en Manta. Sin embargo, al día siguiente se dio el primer caso.
En ese lapso hubo la reducción del 52 % de muertes violentas, en el Distrito Manta de menos 86 % y además del 30 % en Portoviejo.
Especialistas dan su visión de la situación
Para explicar la situación de violencia, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), enfatizó que cada cantón y provincia tiene su propio contexto y análisis diferenciado a partir de cada mercado ilícito. Por ello, hizo un análisis de los diversos escenarios.
Rivera indicó que se deben tomar en cuenta varias consideraciones, entre estas, que desde el Gobierno no se pueden generar acciones a partir de “improvisaciones” o generar “un proceso reactivo” de política pública, ni pensar que la contención solo depende de la militarización de espacios.
En ese sentido, destacó la importancia de la inteligencia criminal para entender la evolución de estos mercados ilícitos, como narcotráfico y minería ilegal, controles en ejes viales donde sus localidades cercanas pueden tener repercusión de violencia por diversos delitos, como tráfico de droga, y además apunta a cómo contrarrestar los efectos de estos hechos ilícitos desde el combate al lavado de activos y la inteligencia financiera.
“Si la minería ilegal está comenzando a generar interés para el crimen organizado, el Estado tiene que generar medidas para contrarrestar el interés y evitar la violencia”, explicó.
Análisis de situación por regiones
Rivera dio detalles de las lecturas de la situación que se presenta en localidades de Ecuador, que sirve como plataforma tipo hub para el tráfico de droga. Por ejemplo, en la Amazonía, en Orellana y en Zamora Chinchipe, explicó, hay un interés de nuevos actores criminales por la minería ilegal y ese nuevo campo está generando efectos dinamizadores a través de la violencia.
“Eso es lo que estás viendo en Orellana, donde no solo tiene más participación de Los Lobos por controlar mercados asociados a controlar la minería ilegal, sino también grupos armados colombianos que ven en este mercado ilícito un nuevo espacio de interés en el Ecuador”, dijo y agregó que el incremento de homicidios puede responder a una dinámica asociada a este ilícito.
En el caso de la región Costa, Rivera explicó que hay un “proceso de alianzas” y además “fragmentaciones” o “anarquías” entre ciertos grupos criminales en ciertas provincias.
Por ejemplo, en estas alianzas se nota mayor fuerza entre bandas como Tiguerones, Patones, Choneros, que tiene principal alianza en Esmeraldas y ciertos distritos de Guayaquil, como Nueva Prosperina, donde recientemente apareció un nuevo actor criminal: Los Mafia 18-Tiburones.
“Está empezando a tener mayor incidencia (Mafia 18) en Daule, Durán, Nueva Prosperina, eso ha generado el repunte en estos cantones”, agregó.
En Los Ríos, Santa Elena e incluso en El Oro hay nuevos motivos de Los Lobos por la búsqueda de control alrededor de Puerto Bolívar y además la frontera sur para llevar adelante sus operaciones.
Además, en Santa Elena, estos grupos buscan control en la salida de droga a través de puertos artesanales y el ingreso y salida de avionetas, mientras que en Los Ríos se ve un repunte de violencia desde el año anterior.
“(En Los Ríos) hay un sinnúmero de organizaciones criminales que buscan generar el control de territorio, pero no se expresa a nivel macro, como en las otras, sino que hay una búsqueda a nivel micro en cada uno de los cantones, por eso Valencia, Palenque, Quevedo tienen lecturas diferenciadas, porque hay varios organizaciones que interactúan en estos espacios”, explicó el especialista.
En Manabí, en cambio, se evidencia una estrategia de ataque directo de Los Lobos hacia Los Choneros, cuyas operaciones, sobre todo de narcotráfico, se mantienen en esa localidad.
Acciones por tomar
Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dijo que la situación actual podría reflejar la teoría del “efecto globo”, que menciona que cuando se presiona a grupos de delincuencia organizada en un sector específico, estos dejan de operar ahí y trasladan sus operaciones a otros sitios.
“Efectivamente, en los territorios donde el Gobierno ha comenzado a incrementar presión se detecta esta reducción, el problema de fondo es que el Estado no puede ejercer la reducción pareja en todas las latitudes del territorio, sino que comienza a trasladar la operación a un lado, tiene que debilitar su presencia en otro, y eso sobre todo estaría demostrando estos actos”, explicó.
En ese sentido, calificó de “preocupante” que persista “la deficiencia estructural de capacidades de control del territorio nacional” en determinadas zonas.
Como medidas, Pérez dijo que se deben afinar las intervenciones para garantizar que sean más contundentes, optimizar incursiones, ya que probablemente hay una deficiencia de los sistemas de inteligencia y habría vulnerabilidades.
“Hay un dato importante que deja en claro que hay vacíos estratégicos que todavía requieren de una acción contundente”, dijo el especialista.
Por ello, dijo que las labores no solo deben ser de patrullajes de militares en calles ni pensar que todo se resuelve por intervención militar. Añadió que también se debe dar una respuesta con acciones sociales.
Esta semana, la ministra Palencia agregó que se trabaja en el conflicto interno para mantener orden y procurar la paz. Además, enfatizó que se articulan estrategias con distintas entidades para fortalecer el tejido social y prevenir la captación de niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada.
“Hemos roto la tendencia al crecimiento de muertes violentas que existía en el país”, resaltó César Zapata, comandante de la Policía, quien agregó que los operativos se intensifican en localidades de Los Ríos, Guayas y Manabí para mitigar los índices de violencia.
Tanto el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, como la ministra del Interior insistieron en que la Asamblea revise la legislación y se endurezcan las penas para los implicados en delitos de terrorismo, secuestro, sicariato, entre otros. (I)
