Tulcán

El caso de Mishel Ortega Cuaspud, de 23 años, quien fue encontrada sin vida en un lugar de la periferia de Tulcán, provincia de Carchi, aún no ha sido resuelto. La mujer estaba en estado de gestación (ocho meses).

Los familiares y amigos de la ahora occisa piden que el responsable y el coautor sean acusados bajo la figura de femicidio.

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La audiencia de juzgamiento fue pospuesta para el próximo 22 de junio ante la ausencia de uno de los procesados (como coautor), quien obtuvo la libertad, mientras que el probable autor continúa detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán.

El principal sospechoso era la pareja sentimental de la chica asesinada. Mishel fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre del año anterior y encontrada sin vida nueve días después.

El pasado 10 de mayo, amigos, colectivos feministas y parientes protagonizaron un plantón frente a la Corte Provincial de Justicia de Carchi, en Tulcán, exigiendo celeridad y justicia. Ese día debía realizarse la audiencia, pero la diligencia fue suspendida.

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El pasado 15 de septiembre fue identificado y levantado el cuerpo sin vida de la joven mujer en una quebrada, en el sector La Ensillada, en el noroccidente de Tulcán.

Con plantones y otras actividades, los parientes de la ahora occisa piden justicia en este caso. Foto: Cortesía. Foto: cortesía

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) informó que el cadáver fue localizado en estado de putrefacción y con signos de violencia. El vestuario permitió identificarla.

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Dicha entidad, minutos antes del levantamiento del cuerpo de la mujer, aprehendió al enamorado de la chica y padre de la criatura que llevaba en el vientre, con fines investigativos, sobre quien recaen las sospechas. Las investigaciones determinan que Mishel recibió una llamada del ahora detenido.

Ella abandonó una reunión social para encontrarse con el hombre, y desde entonces no regresó. De ahí que fue reportada más tarde como desaparecida y encontrada muerta nueve días después en un sitio inaccesible en la zona rural conocida como La Ensillada, a cinco kilómetros de Tulcán.

Activistas de derechos humanos y expertos en derecho advierten que una sola persona no actuó para movilizar hasta el sitio el cadáver, donde fue oculto, debido a que el terreno es irregular. Los resultados de las pericias judiciales y testimonios aportaron indicios de que los dos procesados participaron en el macabro hecho.

Indignada, Maritza Cuaspud, tía de Mishel Oretega, quien promueve una vigilia para ejercer presión para que se sepa la verdad, demanda que el responsable sea castigado con el máximo rigor de la ley. “No solo perdí a mi sobrina, sino también a su hija, por lo que el culpable debe ser juzgado con la figura de femicidio”, enfatiza.

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Colectivos feministas sostienen que Jonathan, posible coautor, quien fue procesado y no tiene medidas cautelares, habría huido, obstruyendo y alargando la etapa del juicio, debido a que no compareció el pasado 10 de mayo, obligando al tribunal penal a suspender la audiencia.

Cuaspud explica que la defensa argumenta que el aprehendido no es el culpable, sino otra persona. Sin embargo, existen varias contradicciones que comprometen a Jimmy G., quien está detenido desde hace ocho meses.

Los familiares no entienden por qué fue revocada la prisión preventiva a Jonathan y por qué está llamado a juicio sin ningún tipo de medida cautelar o alternativa. Expertos en derecho aclaran que el tribunal penal deberá establecer al final si hubo responsabilidad o no en la comisión de este delito.

Adelantan, además, que debe presentarse Jonathan a la audiencia del 22 de junio; caso contrario, el fiscal puede pedir al tribunal ordenar la prisión preventiva y dictar el auto de llamamiento a juicio. Agregan que, si no se presenta el coautor, los miembros del tribunal penal podrían dictar el auto de suspensión de juicio y proseguirían con el otro procesado hasta que sea capturado.

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Geovanna Benavides, madre de Jimmy G., está exhortando al tribunal correspondiente a que busquen al verdadero culpable. “Lamentablemente, mi hijo estuvo en un lugar donde jamás debió haber estado y en un momento equivocado”, sostiene.

“El probable responsable huyó. Los peritajes demuestran que Jimmy (su hijo) no tuvo nada que ver, por lo que estamos pidiendo que busquen al verdadero culpable y sea incorporado al proceso”, añade la mamá del único detenido.

En Ecuador, las penas por femicidio van de 22 a 26 años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)