Después de culminar la fase investigativa y tras lograr la detención el pasado 8 de diciembre del 2022, una jueza de Guayaquil llamó a juicio a Cristhian Oswaldo M. G., Aarón Moisés D. G., Darwin Arturo R. B., José Luis M. C., Joel David E. M., Darío Xavier M. M., Kevin Gabriel P. M., Luis Olival R. J. y Pamela Katherine C. A., al estar implicados en la posesión y el traslado de 2.350 kilos de clorhidrato de cocaína.

Los nueve implicados en este caso fueron detenidos en un operativo realizado por la Policía Antinarcóticos en Pascuales. En el sector, varios moradores habrían realizado denuncias tras percatarse de que se encontraban descargando mercancía ilegal desde la plataforma de un camión.

La mercancía ilegal fue almacenada en una vivienda de Pascuales. Allí, los agentes registraron el inmueble para encontrar 104 sacos de yute que en su interior contenían 2.350 bloques rectangulares.

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Los uniformados procedieron a inspeccionar los paquetes y encontraron una sustancia química de color blanco que, al ser sometida a las pruebas narcóticas, determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

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La inspección no terminó ahí, pues los agentes, al avanzar a los dormitorios, encontraron una pistola, varios teléfonos celulares, $ 1.200 en efectivo, un fusil con alimentadora, 27 cartuchos, un camión plataforma, un tanquero, un automóvil y un furgón. Los vehículos fueron encontrados en el parqueadero de la vivienda.

Luego de que los agentes encontraron los indicios, dirigieron a las nueve personas que se encontraban en el lugar a las autoridades competentes para que determinaran la pena que cumplirán. Ellos permanecieron en prisión preventiva hasta la fecha de la audiencia preparatoria de juicio.

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En la sala donde se desarrollaba la audiencia, el fiscal del caso expuso varias pruebas que comprometerían a los aprehendidos.

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Documentos donde reposa la información del lugar de los hechos, el parte de los agentes aprehensores, el peritaje de verificación, la pericia química y el pesaje de la droga incautada fueron los elementos que analizó el juez para ratificar la medida cautelar de prisión preventiva para los implicados.

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Este caso aún no se cierra, ya que se espera la audiencia de formulación de cargos en la que se espera que procesen a los implicados bajo lo establecido en el artículo 220, numeral 1, literal d del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a las personas que distribuyan, posean, transporten o vendan alcaloides. (I)