La lucha contra la inseguridad, sembrada por bandas delictivas que tienen nexos con carteles mexicanos del narcotráfico, es uno de los desafíos que tiene el gobierno de Daniel Noboa Azín en una gestión corta (de año y medio), en el marco de la muerte cruzada dispuesta por el expresidente Guillermo Lasso, figura que marcó el fin del mandato que él debía cumplir entre 2021-2025.
La situación es compleja ya que a nivel nacional se reportan más de 6.000 homicidios. Integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, la Zona 8 es la jurisdicción con más muertes violentas del país (alrededor de 2.100 casos).
Solo durante el fin de semana reciente hubo 22 asesinatos en este territorio. La noche del sábado afuera de un centro comercial del cantón Durán hubo un asesinato múltiple de cinco personas.
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Armar estrategia de seguridad y nombramiento de gobernadores, en la agenda de Daniel Noboa
Y el domingo en una cancha de Pascuales y en el suburbio de Guayaquil acribillaron a seis hombres después de jugar índor.
Con este escenario, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) de la fundación Panamericana para el Desarrollo, de acuerdo con su experiencia y trabajo en territorio, difundió un documento con nueve recomendaciones en materia de seguridad para el presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder el jueves 23 de noviembre.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio, señala que la inseguridad es un problema sistémico con relación a la incidencia del crimen organizado en el país.
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“Las disputas territoriales que se dan alrededor de las organizaciones criminales, pero también cómo estas organizaciones se han ido interrelacionando con aspectos vinculados a la corrupción, es decir, comprar instituciones o funcionarios en instituciones, vínculos con policías, Fuerzas Armadas”, refiere y añade que es importante que haya acciones integradas, así como la depuración de las instituciones.
Estas son las recomendaciones:
- Instituir una política interinstitucional enfocada en impactar las economías ilícitas
Según el OECO, se deben fortalecer las capacidades de los funcionarios para generar investigaciones financieras paralelas o patrimoniales. Para el Observatorio la ausencia de indicadores de evaluación y gestión en las entidades de justicia impide hacer efectivo el comiso de bienes incautados.
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“Impacta levemente a las estructuras financieras ilícitas y limita la ejecución de penas impuestas sobre los bienes de los condenados”, se señala en el documento.
El Observatorio reveló que entre el 2015 y marzo del 2020, el juzgamiento de casos por delincuencia organizada no afectó al patrimonio de las mafias puesto que solo en el 7 % de casos se dispuso el comiso de las ganancias criminales, es decir, hubo impunidad económica en el 93 % de los casos.
- Mejorar el sistema de prevención y combate al lavado de activos
Al respecto, desde el OECO sugiere fortalecer al personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el combate contra el lavado de activos y priorizar la gestión para atender las recomendaciones “parcialmente cumplidas” y “no cumplidas” que surgieron en la última ronda de Evaluación Mutua de la República del Ecuador-Gafilat 2022.
Según el Observatorio, entre 2015 y 2020 en Ecuador se emitieron 3 sentencias condenatorias al año por lavado de activos. Del 2020 al 2022 la cifra se redujo a 1.
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Esto ubica a Ecuador muy por debajo de países vecinos como Perú y Colombia, donde en esos periodos hubo más de 25 sentencias condenatorias al año.
“En los últimos dos años, el comiso impuesto en casos de lavado de activos fue menor a un tercio del monto identificado como activos ilícitos”, se detalla en el documento publicado en la web del Observatorio.
- Incentivar la investigación estratégica ante el crimen organizado
En este aspecto, se considera necesario fomentar técnicas de investigación, el procesamiento de información de fuentes variadas y la identificación de signos de alerta. Y para aquello un aliado fundamental es la cooperación internacional.
En promedio, según el OECO, el 41 % de los casos que resuelve el sistema de justicia en criminalidad compleja (narcotráfico y lavado de activos) surge de situaciones de aparente flagrancia.
- Establecer una mayor coordinación interinstitucional
De acuerdo con el Observatorio, el índice global de crimen organizado alertó que Ecuador bajó más de 50 puestos en la capacidad de respuesta ante el crimen. Aquello refleja una ausencia de liderazgo del Gobierno y un deterioro respecto a la aplicación de la ley y el servicio público.
Ecuador tiene, desde el 29 de marzo de este año, un Consejo de Política Criminal que tiene por función diseñar la política pública en esta materia, así como coordinar acciones para prevenir y combatir el crimen con una perspectiva integral.
En ese marco se sugiere: hacer funcionar esta instancia de manera sostenida en vez de reuniones eventuales, incrementar la comunicación y generar compromisos institucionales dentro de la cadena de justicia penal, evaluar el rol de las instituciones, generar acciones con base en evidencia científica que facilite la toma de decisiones de la presidencia.
Otra recomendación es dar más capacidades a la Secretaría de Planificación para asignar recursos en función de metas cuantificables.
- Promover una estrategia focalizada en la reducción de la criminalidad y los homicidios
Con base en las cifras actuales, se proyecta que Ecuador se ubicará a fines del 2023 entre los tres países con mayores tasas de homicidios de la región. Por ello, para el Observatorio es fundamental crear un plan con objetivos e indicadores para la reducción de los homicidios.
La Zona 8 concentra el 35 % de los asesinatos a nivel nacional, por eso atender a esta jurisdicción implicará un impacto significativo en la reducción de la tasa nacional.
También se plantea la necesidad de retomar las mesas de justicia y seguridad a nivel territorial.
“Actualmente no existen mecanismos de diálogo y articulación entre las instituciones de la función Ejecutiva, Judicial y Gobiernos Autónomos Descentralizados, encargados de estas áreas. Para este objetivo, las gobernaciones podrían jugar un papel fundamental generando estos espacios”, se indica en el documento del OECO.
- Fomentar una política penitenciaria de acuerdo con estándares internacionales
En este ámbito, las acciones sugeridas son incrementar la infraestructura penitenciaria según estándares internacionales (reglas Mandela), reducir el hacinamiento penitenciario, reubicar a los presos en función del índice de peligrosidad y cometimiento de delitos graves.
Otras medidas son investigar, sancionar y judicializar a los funcionarios y guías penitenciarios vinculados al crimen organizado y promover un subsistema de inteligencia penitenciaria dentro de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia.
- Establecer una política de seguridad en fronteras
Actualmente, según el Observatorio, el 70 % de la droga con destino internacional se incauta en puertos cuando lo ideal es que la tendencia se incline a las incautaciones en línea de frontera y evitar así que las organizaciones criminales reciban los pagos por esas sustancias dentro del país.
Por ello plantea fortalecer la seguridad en los pasos formales de frontera con innovación tecnológica, talento humano e intercambio de información con pares fronterizos.
También repotenciar los Centros Binacionales de Atención Fronteriza (Cebaf) como primera línea de protección y soberanía del territorio, algo que implica destinar una inversión para incremento de personal de Policía y Fuerzas Armadas y más dotación tecnológica.
- Definir objetivos estratégicos para debilitar la cadena de valor del crimen organizado
“El Ecuador no promueve políticas puntuales para contrarrestar el flujo de precursores químicos, entre ellos el tráfico de combustible”, se menciona en las recomendaciones.
Y ante aquello se citan estas acciones para atender el problema: revisar la cuota de asignación de combustibles, principalmente en Manabí, Galápagos y Sucumbíos, así como la calidad de la gasolina que se provee en esos territorios.
Otra recomendación es actualizar el censo a pescadores, la incorporación de tecnología para monitorear la actividad pesquera.
- Reforzar el control de armas
Esta acción, de acuerdo con el OECO, debe fortalecerse tanto en la zona de frontera como en las ciudades a fin de detectar el origen de las armas de fuego y sus componentes, ya sea por un ingreso desde el exterior o por su producción a nivel interno.
“Debe existir información unificada sobre el destino y uso que se da a las mismas (armas), así como garantizar que una vez en poder de las autoridades no regresen al mercado criminal”, son parte de las sugerencias. (I)
