La nueva masacre en las cárceles, esta vez con un saldo de al menos 100 internos de la Penitenciaría del Litoral fallecidos, pone en evidencia que el sistema de rehabilitación no ha cambiado su realidad por más de que hace dos meses haya sido declarado en estado de emergencia y luego de dos años anteriores en los que se decretó estados de excepción, igual que ahora.

La Corte Constitucional tiene claro lo que sucede: el conflicto interno que se vive en las cárceles de Ecuador es “producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social”, según un auto de la entidad, emitido el 4 de marzo pasado, en el que condenaba que los asesinatos de 80 reclusos producto de peleas entre bandas ocurridos de forma simultánea en cárceles de Guayaquil, Latacunga y Cuenca el 23 de febrero de este año “pudieron haber sido evitados”.

Aquella observación se refería a los últimos dos años del gobierno de Lenín Moreno, bajo cuyo mandato no se resolvió la crisis carcelaria con dos declaratorias de estado de excepción en los que se perdió tiempo y oportunidad de cambios, porque “no existe una política pública con un enfoque en derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social” según la contundente crítica de la Corte en un documento de 16 páginas.

El sistema no ha cambiado todavía. Guillermo Lasso, en el poder desde el 24 de mayo, apenas lo declaró en emergencia el pasado 22 de julio, un día después de que nuevas reyertas sangrientas en los reclusorios de Guayas y Cotopaxi dejaran otros 22 presos muertos.

Publicidad

Ese día, Lasso dijo que la emergencia serviría para movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden. Y dispuso un control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios (filtro 1), y el control policial en los filtros 2 y 3.

Además, el jefe de Estado cesó al general Edmundo Moncayo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y lo remplazó con Fausto Cobo, a quien se le encomendó iniciar una reestructuración del sistema carcelario, que incluya aspectos como la restitución de sistemas de cámaras de vigilancia, escáneres, inhibidores de señal de teléfonos celulares, entre otros aspectos.

Fue casi un mes después, el 18 de agosto, cuando el Gobierno anunció una inversión de $ 75 millones para reestructurar el sistema penitenciario en cuatro años.

Pero Cobo duró solo dos meses en el SNAI. El 27 de septiembre, un día antes de la nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral, el coronel en servicio pasivo dijo que Lasso lo llamó a colaborar “con una tarea igual o más difícil” que el sistema carcelario, ahora está al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Lasso anunció este miércoles la firma de su primer estado de excepción para el sistema carcelario, pero es el tercero que se decreta en tres años, teniendo en cuenta los dos emitidos por Moreno y que no funcionaron, según la Corte.

El SNAI, antes del inicio del mandato de Lasso, había presentado a la Corte Constitucional un plan de acción para el sistema carcelario, como cumplimiento de un seguimiento a disposiciones del ente de control constitucional que recalca “la posición especial de garante que tiene el Estado frente a los derechos de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad, y el deber de responder por las acciones u omisiones que vulneran derechos”.

Publicidad

Habitantes de La Rioja no pueden dormir con tranquilidad ante el temor de las consecuencias del conflicto interno en la cárcel. ► http://ow.ly/JlVJ50GihMy

Posted by El Universo on Wednesday, September 29, 2021

Pero ese plan, según la Corte, develó que “las instituciones responsables del sistema de rehabilitación no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales…”.

Daniela Oña, experta en derechos humanos y personas privadas de la libertad, ha dicho que “una real rehabilitación social se logra desde un enfoque de derechos y desde la atención integral de la persona, cuestión que lo plantea el modelo de gestión penitenciaria, pero que no ha podido ejecutarse de forma adecuada debido principalmente a la falta de presupuesto. Se rehabilita trabajando los ejes de salud, psicología, trabajo social, educación, cultura y deportes”.

“No es una utopía hablar de rehabilitación. Es un desacierto pensar que la cárcel per se rehabilita”, sostiene David Cordero-Heredia, catedrático y director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), quien en febrero pasado ya advertía: “Si les seguimos dando la espalda a los problemas reales que tiene nuestra sociedad, la violencia se nos puede salir de las manos”.

“Existen experiencias exitosas de reinserción social de personas que han pertenecido a pandillas en varias partes del mundo, pero son programas integrales, con equipos interdisciplinarios, que no se quedan en más penas, más hacinamiento y condiciones de vida miserables”, dice este catedrático y defensor de derechos.

El Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, aprobado en 2020, recoge seis ejes de tratamiento para quienes formen parte del régimen cerrado:

  • Laboral
  • Educación
  • Cultura
  • Deporte
  • Salud
  • Vinculación social y familiar

Según el artículo 179 de dicho reglamento, el tratamiento “es la ejecución del plan individualizado de la pena, orientado a superar las causas que influyeron en el cometimiento del delito, procurando el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas que permitan la convivencia en el centro, la rehabilitación y reinserción social”.

En el plan deben participar las entidades involucradas en sus áreas respectivas, como los ministerios de Salud y Educación, o la Secretaría del Deporte, la de Inclusión Social, entre otras, coordinadas bajo el SNAI, pero su bajo presupuesto (se redujo de $ 98 a $ 1,8 millones entre febrero y mayo de 2020) implicó graves afectaciones.

Fueron despedidos psicólogos y trabajadores sociales, es decir, precisamente el personal que hace seguimiento a los programas de rehabilitación de un sistema carcelario que se implementó en 2013 a partir de un modelo de gestión penitenciaria diseñado por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en 2019, por decisión de Lenín Moreno, se dividió en el actual SNAI y en la Secretaría de Derechos Humanos, que no garantizan la integridad de los recursos, dice la Corte Constitucional. (I)