A sus 17 años Jostin C. ya ha sido detenido por cuatro ocasiones. Se lo involucra con delitos de extorsión bajo la modalidad de las denominadas ‘vacunas’, que consiste en pedir dinero a cambio de supuesta protección o de no atentar directamente contra la potencial víctima.

Las cámaras de videovigilancia del ECU911 han captado al menor disparando contra locales comerciales, a los cuales cobraría valores después.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, publicó en su cuenta de Twitter fotografías del detenido al que identificó como “sujeto altamente peligroso”.

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Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 la Policía detuvo a 2.101 menores de edad por estar involucrados en diferentes actividades ilícitas. Esto representa el 3 % de todos los detenidos a escala nacional.

Sin embargo, la ley vigente no permite que sean judicializados, esto, a pesar de que varios han estado involucrados en muertes violentas, actos terroristas, robos, entre otros delitos.

El delito más cometido por los menores es el robo a personas, en todo el 2022 se registraron 397 casos, seguido por tráfico de sustancias, con 299; y por tenencia y porte de armas, con 287 detenciones.

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El 24 de enero, Fausto Olivo, director general de Investigación, señaló que dentro de un operativo que permitió la detención de integrantes de la banda Chone Killers, vinculados con asesinatos y atentados a servidores policiales, identificaron diez menores de edad en las investigaciones.

Pero refirió que no fueron encarcelados porque la legislación exige el aislamiento de menores de edad únicamente cuando son detenidos en delito flagrante o cuando ya tienen una formulación de cargos.

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“Diez menores de edad que están siendo utilizados por los grupos de delincuencia organizada para cometer estos asesinatos y estos ataques con explosivos. Lamentamos que nuestra juventud sea utilizada por estos grupos, es un llamado de atención a la sociedad para trabajar en la recuperación de estos menores de edad”, enfatizó Olivo.

Para contrarrestar esta y otras problemáticas, la Asamblea Nacional aprobó a inicios de enero la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral que, entre otras cosas, endurece las penas para las llamadas ‘vacunas’, plantea una reestructuración al sistema penitenciario y aborda temas tanto de seguridad ciudadana como de defensa nacional.

Del proyecto se espera la sanción o veto del Ejecutivo en 30 días.

El ministro del Interior, Juan Zapata, refirió que en las reformas a la ley buscarán que los menores de edad que están inmersos en temas de sicariato y crimen organizado no tengan el mismo tratamiento de un menor de edad que no tiene que ver con este tipo de delitos.

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También que se realice lo mismo con quienes captan a menores para involucrarlos con estos delitos.

Según el Ministerio del Interior, durante el estado de excepción que estuvo vigente desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2022, fueron detenidos 133 menores de edad: 74 en el Distrito Metropolitano de Guayaquil; 37 en Esmeraldas; 12 de Santo Domingo de los Tsáchilas; y 10 en Guayas.

Ellos fueron aislados, no judicializados. En estas detenciones, el delito más común fue la tenencia y porte de armas, con 33 casos.

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Para el docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón, es necesario que se inicie una serie de debates, que se llegue a un consenso en el tema de sanción a menores de edad que cometan delitos como sicariato o actos terroristas.

Esto, puntualizó, se deberá tomar con el cuidado necesario para “no querer criminalizar todo”.

Para Pontón, el sistema de justicia por completo debe pasar por un debate, con esto, definir todas las aristas que no están atendiendo los problemas de seguridad en el país. Por ejemplo, citó que también existe un abuso de acciones de protección, habeas corpus, entre otros recursos.

Finalmente, dijo que el otro problema es de las cárceles, pues, a su juicio, de nada servirá modificar las leyes sin un verdadero sistema de rehabilitación social. “Sin eso, es difícil que se genere una ayuda a los infractores, se supone que entrar a la cárcel sería la solución final, pero hemos visto que allá todo empeora”, agregó. (I)