Dos casos de presunta extorsión ocurridos en Guayaquil en las últimas semanas preocupan a ciudadanos. Y la inquietud es mayor porque los involucrados son policías en servicio activo.

En estos hechos, ocurridos en el lapso de una semana, están procesados once policías tras ser denunciados por dos ciudadanos por el delito de secuestro extorsivo.

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Según cifras de la Policía Nacional de la Zona 8, desde enero del 2024 hasta abril del 2025 al menos 50 servidores policiales han sido detenidos en Guayaquil, Durán y Samborondón por los delitos de concusión, robo, asociación ilícita, fraude procesal y atentados contra policías y militares.

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Este Diario conversó en las calles con varios ciudadanos y asesores legales sobre estos casos.

“Así como hay buenos elementos, también hay malos elementos en la Policía Nacional, y a esos hay que darles de baja”, dijo el ciudadano Carlos Vera tras una consulta realizada por este Diario.

Gilberto Robles, otro ciudadano, cree que se debe sancionar a todos estos malos elementos e incluso darles de baja de la institución al estar involucrados en delitos que se supone deben combatir.

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En las calles hay quienes estiman que se debe ser más estrictos en la selección de los que van a integrar las filas policiales y en seguimientos constantes para depurar a malos elementos en carrera.

José Alarcón comentó que cuando un hombre o joven empieza a formar parte de la Policía, previamente se le deben hacer exámenes psicológicos y toxicológicos que permitan ir depurando el acceso.

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Además, según él, se debe verificar si el ciudadano tiene antecedentes judiciales.

“Más que una depuración, se debe hacer un control estricto en la Policía para verificar los puntos donde está el problema”, señaló el ciudadano Rogelio Macías.

Para el abogado Alexis Suárez, la aprehensión no es suficiente. Como abogado, indicó que él ha podido evidenciar cuando desde el sistema judicial “hacen caso omiso” a la versión del denunciante".

“Las versiones del ciudadano común son las más vulnerables y piensan que la Policía tiene el último veredicto”, agregó el especialista en temas legales.

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En las calles, a los ciudadanos les sorprende cómo policías incluso son capaces de fingir un procedimiento para intentar extorsionar.

El 22 de abril pasado, una persona señaló que agentes la retuvieron en la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, la trasladaron hasta una unidad policial en La Garzota y finalmente le sustrajeron $ 14.000 que tenía para realizar la compra de un vehículo.

Tras ser procesados, un juez dictó prisión preventiva para cuatro de ellos: Diego Danilo C. L., Alexis Rodrigo U. C., Jorge Andrés Ch. Q. y Steffany Mishell E. S., mientras que los otros dos uniformados, Walter Omar S. S. y Álex Aníbal B. P., recibieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante el fiscal del caso.

Otro de los casos ocurrió tres días después. Una denuncia similar fue presentada el 25 de abril por un ciudadano que exponía haber sido víctima de un presunto secuestro extorsivo por parte de policías.

Según la denuncia presentada, la víctima se encontraba en un restaurante ubicado en las calles Ayacucho y Pedro Pablo Gómez, en el suroeste de la urbe.

De acuerdo con su testimonio, al salir del establecimiento fue interceptado por un vehículo sin placas en el que se encontraban seis policías.

Los agentes le habrían solicitado sus documentos personales y los del vehículo y, al notar irregularidades, lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Judicial.

En el lugar, la víctima aseguró haber sido agredida física y verbalmente. Además, señaló que los uniformados le exigieron $ 4.000 a cambio de su libertad, advirtiéndole que de no acceder, sería implicado en delitos como porte ilegal de armas de fuego y tenencia de drogas.

Tras este hecho, la Fiscalía procesó a cinco policías en servicio activo por el presunto delito de secuestro extorsivo. El juez a cargo del caso dictó prisión preventiva para Alexander C. B., Erwin N. J. y Carlos B. M. Marcos B. B. y Julio César V. P. obtuvieron medidas alternas, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el fiscal que tramita la causa.

Según Pablo Dávila, comandante de la Policía de la Zona 8, la Inspección General de la Policía Nacional planeaba establecer, a partir de marzo de 2025, una oficina encargada de aplicar pruebas de confianza a los oficiales, tales como exámenes de polígrafo, evaluaciones psicológicas y pruebas toxicológicas.

Según registros policiales de esta jurisdicción, hasta marzo de 2025 existían 40 casos de servidores policiales en fase de investigación. Esto para determinar si tenían posibles vínculos con estructuras criminales. (I)