Padres de recluso colombiano asesinado en septiembre pasado en la Penitenciaría llevan semanas sin poder sacar restos del país

Llevan dos meses y medio aguardando por despedir a su hijo Michael, de 32 años, una de las 122 víctimas de la masacre de la Penitenciaría ocurrida en septiembre pasado. Lucero Ramírez y Henry Granada, padres del joven colombiano, han llevado un viacrucis en Guayaquil durante el proceso de búsqueda, identificación y traslado a Colombia para darle el último adiós.

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Ambos se llenan de fortaleza en medio del dolor para relatar parte sus vivencias en territorio nacional. Lucero dice sentirse agobiada por los días de permanencia en el país en cada una de las etapas cumplidas por localizar y realizar una serie de trámites para llevarse los restos de Michael.

Actualmente, el sistema carcelario nacional convive con una extensión de estado de excepción desde el 29 de noviembre pasado, por 30 días más, para tratar de apaciguar la crisis en los complejos penitenciarios, incluyendo la Penitenciaría, la que registró en noviembre pasado otra masacre que dejó 65 muertos.

Ahora, la pareja de colombianos, Lucero y Henry, esperan realizar la cremación de los restos de su hijo en Quito y posteriormente cumplir con el traslado vía aérea en una valija a su país, con apoyo del consulado colombiano, que proporcionará cerca de la mitad de ($ 350) de los gastos por la incineración del cadáver .

El resto del dinero para esa labor está pendiente a la espera de la respuesta de una entidad local. Aún les faltan $ 450 del costo total de $ 800.

Antes de participar en una marcha por la defensa de los derechos humanos, el viernes pasado, Lucero cuenta que aquel 28 de septiembre su hijo angustiado le contaba el escenario de sangre que se vivía en el interior del reclusorio.

“Mamá, mamita, madrecita, ore mucho por mí, que esto está muy feo, hay mucho peligro por acá ya han matado como a 30″, fueron sus últimas palabras cerca de las 22:30.

Luego de los enfrentamientos ese entonces, ella y su esposo partieron de Pereira, Colombia para llegar al país el 1 de octubre pasado y comenzar la búsqueda de su hijo. Desde ese entonces empezó el peregrinaje de ellos entre la morgue, Penitenciaría y unidades judiciales de Guayaquil, relata la madre de Michael, quien llevaba dos años privado de la libertad.

A su arribo al país asistieron a la morgue y Penitenciaría donde inicialmente solo les indicaron que Michael constaba como desaparecido.

En días posteriores, en otra visita a la cárcel, en compañía de un conocido defensor de los derechos humanos, su esposo vivió un episodio fatal. Personal del sitio les indicó que su hijo sí se encontraba en el reclusorio. Ese día salió feliz y calmado, sin embargo, al siguiente día ya la versión era otra.

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“Le dijeron (al esposo) que el señor Michael G. que sí estaba en el pabellón 5, ala 1, y él salió feliz y nos llamó a nosotros que sí que mi hijo está bien y salió llorando de la felicidad. Cuando al otro día volvimos con el señor de derechos humanos para solicitar una entrevista con él, de alguna manera, para tener una prueba de supervivencia, como que le sale a él (un trabajador de reclusorio) con que no, aquí consta en la lista de fallecidos, que vaya búsquelo en la morgue”, relata Lucero.

Sin embargo, en la morgue su cuerpo no constaba entre los identificados y debieron recurrir a las pruebas de ADN que implicaban la entrega de resultados entre 30 a 40 días después.

En medio de la desesperación, en otra ocasión, a mediados de noviembre, ella volvió a la Penitenciaría y sucedió nuevamente la entrega de mala información. Consultó sobre su hijo y le dijeron que sí estaba en el pabellón designado. Sin embargo, como él no se había comunicado desde el día de la masacre ella tuvo dudas y volvió a insistir ese mismo día, ya que él solía comunicarse con frecuencia con la familia. Tras sus pedidos, los encargados de la atención se retractaron al constatar en el área. Michael no estaba.

“La misma que le hicieron a mi esposo me la hicieron a mí, como van a jugar con los sentimientos de las personas, falta de humanidad, me había hecho la ilusión de que sí estaba”, lamenta la madre.

Mientras seguían a la espera de los resultados del cotejamiento genético, la madre continuó en la búsqueda en hospitales y dependencias judiciales, como en la Fiscalía de la Merced, con la esperanza de que él aparezca recuperándose en un hospital.

Hoy, luego de recibir los resultados de los análisis genéticos y permanecer dos meses en condición de desaparecido, los padres ya saben que su hijo es parte de las víctimas mortales de la masacre de hace tres meses.

Aunque aguardan por el traslado de los restos hacia Colombia, los padres aún desconocen cómo pagarán los gastos fúnebres en su país y además el acompañamiento emocional y psicológico que Henry considera deberán seguir para superar este doloroso episodio, que además los deja endeudados por los gastos incurridos en Ecuador durante dos meses y medio que han estado buscando a su hijo en Guayaquil, donde han sido acogidos en una casa de conocidos.

Lucero indica que analizan colocar una demanda en contra del Estado ecuatoriano, aunque la posibilidad se frena por las pocas limitaciones económicas. “Estaba privado de la libertad, mas, no estaba condenado a muerte, eso no puede quedar impune, el Estado nos tiene que responder a nosotros por nuestro hijo, ninguna plata va a remplazar a nuestro hijo”, dice.

Henry recuerda que desde hace dos meses habían solicitado que a su hijo lo cambien a la cárcel de Tulcán o Quito, por constantes maltratos que decía recibir en el reclusorio porteño. Incluso considera que no tuvo derecho a una legítima defensa.

Michael, nacido en Risaralda (Pereira), llevaba cumplidos dos de los 29 años de condena por un delito sexual.

El pasado 7, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) difundió el caso de los padres para lograr la ayuda necesaria en el traslado de los restos de Michael a Colombia.

Esta semana, la Policía contabiliza 119 cadáveres entregados y 3 identificados por entregar de la masacre de septiembre pasado mientras de los disturbios de noviembre que dejó 65 muertos aún había 7 cadáveres por identificar. (I)