¿Por qué no ha funcionado la pacificación en las cárceles pese a acuerdos firmados entre bandas? Analistas de seguridad hablan de falta de una política pública definida

Portoviejo

Entre 2021 y lo que va del 2022 cerca de 400 internos de varias cárceles del país han muerto violentamente en amotinamientos y riñas. En los últimos dos meses en la prisión Bellavista de la ciudad de Santo Domingo 56 reclusos fueron asesinados durante enfrentamientos entre bandas delictivas.

El hacinamiento, corrupción y manejo de celdas por caporales son parte de los problemas que aún hay en las más de 30 cárceles del país, y pese a las intenciones tanto de organizaciones delictivas por acogerse a una tregua como del Gobierno nacional por iniciar procesos de diálogo y de pacificación con el apoyo de una comisión, esto no ha cambiado la realidad en los recintos penitenciarios.

Los integrantes de la comisión creada por el Gobierno actual enfocó su trabajo en cárceles regionales de Guayaquil y Latacunga, pero no de otras como la de Santo Domingo, donde el pasado lunes 12 internos fueron asesinados, sostuvo Max Campos, experto en seguridad, prevención del delito y violencia.

Él señaló que ese mediador que fue la comisión dejó información útil para un proceso de pacificación en las cárceles. A criterio de este especialista en seguridad, debe darse seguimiento a ello, ya que tras los diálogos no se volvió a conocer de amotinamientos en las cárceles donde hubo intervención de la comisión.

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El no ingresar a otros reclusorios del país a entablar diálogos ha impedido que exista un proceso de intervención terciaria entre miembros de bandas delictivas que se encuentran dispersos en centros de privación de libertad de todo el país, comentó.

“La intervención terciaria es trabajar para evitar la reincidencia de cometimiento de los delitos. Básicamente esta situación no es una política actual, se está construyendo, sí, el pacto con la Unión Europea, que se han juntado con la finalidad de apoyarle al Gobierno nacional, y por supuesto al SNAI, para desarrollar la política pública en cuanto tiene que ver con la rehabilitación social, que no existe una rehabilitación adecuada en el país”, señaló Campos.

Consideró necesario que existan políticas, planes y programas orientados a prevenir esta violencia, porque aún los pabellones no están controlados por los organismos llamados a hacerlo, sino por los caporales, por tanto, pese a diálogos con internos, el tema de control de cárceles es de mediano y largo plazo, más aún cuando esta política de seguridad debía construirse hace muchos años.

Campos dijo que para evitar pugnas penitenciarias debe existir un proceso de clasificación que impida que personas aprehendidas por delitos comunes, como robo de un celular, se las mezcle con sicarios, violadores, conductas que cree generan que muchos internos luchen por una sobrevivencia que en algunos casos los obligaría a ligarse a estructuras delictivas.

Según estadísticas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en 2008 se encontraban 13.125 personas detenidas en los diversos centros penitenciarios del país, pero hasta mayo del 2021 esa cifra se triplicó a 38.999 reos.

El 45 % de los internos -hasta agosto del 2021- tenía edades que fluctuaban entre los 18 y 30 años. Es decir, casi uno de cada dos reos detenidos tenía edades de población económicamente activa. De los casi 39.000, el 28,19 % estaba detenido por casos relacionados con drogas.

Ante este escenario Vianca Gavilanes, de la Fundación Dignidad y de Alianza contra las Prisiones en Ecuador, mencionó que hay puntos críticos que generan que, pese a los intentos del Gobierno por establecer paz en las cárceles, aquello se vea lejano al menos en estos tiempos.

Manifestó que no se ha avanzado mucho en cuanto a creación de políticas públicas penitenciarias durante este 2022 y que entre esos puntos críticos que generan inconvenientes en las cárceles están el manejo en tema jurídico, gestión penitenciaria y calidad de vida de las personas privadas de la libertad (PPL).

Según ella, no se ha planteado seriamente desde el Gobierno que la policía continúe como un ente activo en las prisiones, en el nivel de gestión penitenciaria y del SNAI, así como la presencia de los uniformados en los filtros de control.

Mencionó que la presencia de la policía no ha sido beneficiosa desde que el control penitenciario pasó a otras instancias. Y dijo que esto se ha mostrado en las masacres en las que se han usado armas blancas, improvisadas, pistolas, fusiles, bombas, granadas y hasta explosivos.

“Vemos que la policía está permanentemente en los ingresos, y otra de las cuestiones que nos parece es un poco complejo es la creación de las regionales. La reforma penitenciaria al momento de crear estos grandes centros penitenciarios a los cuales es imposible de gestionar y que también acumula muchísimo dinero para su gestión, vemos que repetitivamente las primeras masacres penitenciarias, las más grandes en donde ha muerto muchísima gente, se empezaron a dar en las regionales de forma repetitiva”, declaró Gavilanes.

Y puso como ejemplo que los asesinatos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo se iniciaron con el traslado de reos de otras cárceles por temas de seguridad, algo que se complementó con el traslado meses atrás de las mujeres de ese reclusorio a Santa Rosa, también en Santo Domingo, que estaba destinada a ser un centro de prisión preventiva.

Con ese traslado de las mujeres detenidas en la cárcel de Bellavista, según Gavilanes, se dejaron espacios para que ingresen otros reos de alta peligrosidad de otras cárceles.

“Estos procesos de pacificación solo han quedado en papeles, no han quedado plasmados en la realidad, se suma a estos problemas que las condiciones de las personas privadas de libertad no han cambiado, si no se ha cumplido con la obtención de indultos penitenciarios para reducir el hacinamiento que fue una recomendación de la Organización de Naciones Unidas para reducir la violencia carcelaria”, expresó ella.

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Para Itania Villarreal, exdirectora nacional de Centros de Rehabilitación Social, lo doloroso y cruel que se ha observado en los últimos incidentes en la cárcel de Santo Domingo debe generar un pensamiento de que prácticamente las autoridades penitenciarias que complementan la seguridad no reflexionaron con lo que sucedió dos meses atrás en ese recinto, donde fallecieron violentamente 44 internos.

En una entrevista concedida a radio Sucesos de Quito, indicó que, aunque no es justificativo el hecho de que no existe personal suficiente para el control, sí se debió emplear la labor de prevención de los encargados de inteligencia del sistema penitenciario para evitar una nueva masacre.

Dijo que ya es hora de decir basta a tanto diagnóstico que se dice se efectúa en las cárceles y que incluso podría el Estado ecuatoriano recibir un llamado de atención de organismos internacionales para que defienda la vida de los internos.

“Si ya se evidenció esa extrema violencia, la imposición de los líderes de estas bandas organizadas delictivas en el interior del centro de privación de libertad, se los debió reubicar de manera prioritaria y no esperar a que pase esta nueva masacre para otra vez hacer un traslado hasta Guayaquil, que es trasladar el problema y no solucionar lo de fondo, que es la seguridad del centro de privación de libertad”, destacó Villarreal al medio radial capitalino. (I)