Por actos de odio, un adolescente fue condenado a cuatro años de internamiento institucional

Un joven permanecerá con internamiento institucional por actos de odio contra una adolescente.Un juez especializado de justicia juvenil de Pichincha, que conoció la causa, sentenció a cuatro años de internamiento institucional a un adolescente que fue hallado culpable por actos de odio contra una joven.La víctima era su compañera en una institución educativa fiscal, ubicada en el centro norte de Quito, donde ambos estudiaban.La Fiscalía inició la investigación tras una denuncia del padre de la chica, en abril del 2023. En su relato, que consta en el expediente, dijo que las agresiones verbales usando palabras denigrantes y físicas ocurrieron en varias ocasiones por aproximadamente un año.En marzo del año pasado, el menor ya sentenciado golpeó a la víctima por la espalda y le ocasionó una lesión en la columna que le impidió caminar de forma normal.En la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso planteó que como consecuencia de los ataques y actos de odio físicos y psicológicos le ocasionó una lesión física que le imposibilitó caminar y cumplir sus actividades en todos los ámbitos de su vida.Sustentó, además, que la situación económica de los familiares de la afectada imposibilitó que pudiera acceder a terapias que le ayudaran a recuperarse de dichas lesiones físicas y psicológicas, y que como consecuencia de los actos de odio que sufrió, ella se quitó la vida, como lo determinó el resultado de la autopsia médico-legal.En el desarrollo de la audiencia rindieron su testimonio profesores, psicólogos, trabajadores sociales y principalmente personas que integraban el círculo familiar, amigos y compañeros de la unidad educativa.Hubo además pericias practicadas, como antropológica y la autopsia psicológica a la víctima.La sentencia incluye el pago de $ 3.000 como reparación a favor de los familiares de la víctima.Fiscalía solicitó al juez, además, que se inicie una investigación penal y administrativa contra los funcionarios y representantes de la institución educativa por omisión.Esto, porque no denunciaron el hecho ni brindaron atención prioritaria a los adolescentes. La petición fue aceptada. (I)

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