La modernización de los manuales operativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es el objetivo de un decreto presidencial emitido por el presidente Daniel Noboa el fin de semana, aunque la interpretación para analistas y grupos de derechos humanos es otra.
Según la Presidencia de la República, se busca una respuesta efectiva ante los grupos terroristas que usan nuevas tácticas para amedrentar al país.
El presidente Daniel Noboa ordena la modernización de los manuales para el uso legítimo de la fuerza
El decreto, entre otras consideraciones, se refiere a cuatro escenarios para proteger la vida de terceras personas y de los propios los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armada cuando se permite el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético. Estos escenarios son los siguientes:
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- Defensa propia o de otras personas en cumplimiento del deber legal en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves.
- Con el propósito de evitar la comisión de un delito o situación que entrañe una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves.
- Con el objeto de detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad.
- Para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
Esos escenarios, así como su aplicación, ya constan en la ley y en el reglamento tal como lo indica el decreto ejecutivo.
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Para Daniel Pontón, docente universitario y analista en temas de seguridad, una de las razones podría ser poner a ambas entidades de cierta manera “a tono” con los desafíos de la seguridad que deben estar enmarcados en el ámbito legal.
Agregó que también podría ser una respuesta política, ya que, ante la ola de criminalidad que enfrenta el país, siempre surge la pregunta de si es adecuado o no el uso progresivo de la fuerza, considerando además que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno.
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Y también es un mensaje a la población de que se quiere actuar con mayor contundencia.
Sin embargo, agregó, es un “poco más de lo mismo” y consideró que no es el punto central de la estrategia de seguridad, sino que esto nace cuando los resultados son ausentes y se pone en consideración este tipo de debates.
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Pontón, añadió, que el decreto no va a marcar la diferencia, sino que habrá una estrategia integral de seguridad en el que participen varios estamentos estatales y no una respuesta disuasiva militar y policial o reactiva.
“El problema está más en el ámbito de la justicia que en el de la Policía y de las Fuerzas Armadas”, dijo Pontón, pues mencionó que el uso progresivo de la fuerza está asociado a casos específicos.
Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), no cree que sea una modernización y lo llamó un gesto preocupante de Noboa, pues indicó que hay varios riesgos a los que se exponen a los agentes de la fuerza pública y a la ciudadanía, pues más que un elemento de seguridad es lo contrario.
A su criterio, en el contexto de inseguridad criminal, lo que promociona es el fenómeno de “gatillo fácil”, que nace en la emocionalidad y se enmarca en acciones de justicia por mano propia.
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Agregó que un decreto —por más presidencial que sea— no está por encima de obligaciones legales que tienen los agentes estatales. Es decir, indicó, cualquiera que intente neutralizar un ataque o hecho violento de otro para salvaguardar su vida o la de un tercero debe de tener en claro que no debe buscar la muerte del atacante de forma única.
El atacante es un sospechoso y son los tribunales los que tienen que juzgar la actuación, puntualizó.
Navarrete señaló que cualquier uso de un arma de fuego debe buscar neutralizar ese ataque, mas no matar al perpetrador.
“Especialmente, en el contexto electoral, le resulta urgente al presidente generar este tipo de reacciones y son dirigidas a una audiencia desamparada”, dijo Navarrete.
El representante de la CDH sostuvo que el decreto no trae nada nuevo, porque consta en la normativa y la fuerza pública sabe de sus obligaciones.
Juan Zapata, exministro del Interior, recordó que ya se pidió a los miembros de la Policía Nacional que podían actuar con toda contundencia, pues rememoró una de las frases que usaba y era la de “Ante amenazas letales, respuestas letales”.
Un ejemplo de ello es que hasta cuando salió del cargo hubo más de 70 delincuentes abatidos, aunque a su parecer siempre es bueno otorgar mayores instrumentos a la Policía y las Fuerzas Armadas en temas jurídicos.
Recordó además que en su administración se adquirieron 24 millones de municiones a fin de hacer un plan de entrenamiento y capacitación en caso de hacer uso de su arma letal.
Acerca de los escenarios en los cuales actuarían los efectivos de las fuerzas de seguridad, indicó que son aquellos relacionados con la comisión de un delito que ya estaban definidos.
Sobre los manuales operativos, indicó que es un paso a paso de actuación de efectivos militares y policiales ante una determinada eventualidad.
Hasta el 30 de agosto, como fecha máxima, los manuales deben estar listos. (I)
