La renovación constante de los estados de excepción no es el camino para combatir a las bandas criminales, coinciden especialistas en seguridad.
El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en seis provincias y un cantón. Lo hizo el viernes, 30 de agosto de 2024, a través del Decreto Ejecutivo n.º 377.
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En el documento se establece que la medida continuará en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay por grave conmoción interna.
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“La decisión tendrá una vigencia de 30 días adicionales y permitirá reforzar las estrategias y medidas implementadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para precautelar la seguridad ciudadana e integral, así como el orden público y la protección interna”, señaló un comunicado de la Presidencia.
Para Carlos Blanco, experto en seguridad e inteligencia, la renovación de los estados de emergencia permite destinar recursos económicos, logísticos y de personal para que se pueda contrarrestar a las bandas criminales.
Consideró además que es una respuesta al no haber leyes más fuertes que le permitan al Estado enfrentar a grupos delincuenciales que atentan contra la seguridad interna del país.
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Mencionó que es parte del trabajo que viene realizando el Gobierno en su afán de buscar los mecanismos para controlar el auge delictivo y el nivel de violencia en diferentes zonas.
El especialista, no obstante, puntualizó la necesidad de que las otras funciones del Estado se unan para generar legislación a fin de combatir de manera punitiva a grupos delictivos sin darles opción a que tengan ventajas.
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Si bien expresó que los operativos de las fuerzas de seguridad pueden ser constantes, no pueden mantenerse en el tiempo porque no hay recursos humanos de manera permanente.
A modo de ejemplo, según él, en Colombia, en los años ochenta y noventa hubo un apoyo de los poderes del Estado, lo que permitió reducir al narcotráfico y al terrorismo a lo mínimo, lo cual dio paso a una casi total pacificación.
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Katherine Herrera, consultora en seguridad, consideró que no hay ni hoja de ruta ni una entidad que lidere las acciones contra los grupos delictivos.
Sostuvo que la renovación se da porque se mantienen las muertes violentas y la dinámica de crimen organizado, como minería ilegal, secuestros, extorsiones y ‘vacunas’, y hay un traslado del movimiento delictivo de zonas rurales a urbanas.
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“No hay política pública; seguimos con planes que no están dando resultados, un bloque de seguridad que más bien ha estado desgastado. No hay una estrategia interna”, dijo.
A criterio de Herrera, una de las acciones que se tienen que implementar para reducir la inseguridad es la de depurar las instituciones de la fuerza pública en todos los niveles que incluyan unidades de inteligencia, técnicos operativos, unidades de grupos especiales.
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Otra falencia para la analista es que se siguen decretando estados de excepción, pero no hay una estrategia nacional ni una entidad que defina lo que cada institución debe hacer.
Agregó que no hay un trabajo conjunto ni articulado, ni tampoco se incluye al sistema carcelario.
Antes, recordó, la dependencia que se encargaba de la estrategia general era el Ministerio Coordinador de Seguridad o la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado.
Herrera agregó que, si bien hay un conflicto armado interno, no solo le compete a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sino a todas las entidades estatales.
Esta renovación del estado de excepción se produce en el contexto de un cambio de comandante general de la Policía y la modernización de los manuales operativos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que regulan el uso legítimo de la fuerza.
Según la Presidencia de la República, con la actualización de los manuales operativos se busca una respuesta efectiva ante los grupos terroristas que usan nuevas tácticas para amedrentar al país. (I)
