Secuestro extorsivo, entre los 11 delitos asociados a delincuencia organizada en Ecuador, según observatorio

En 14 de las 24 provincias del Ecuador hay al menos un caso de delito de delincuencia organizada entre 2015 y 2020.

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Es uno de los hallazgos que presentó el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana de Desarrollo, que hizo un análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en el país.

Guayas es la provincia que concentra el 56 % de causas judiciales a nivel nacional y triplica a Pichincha.

Entre ambas provincias, hay el 70 % de ingresos por ese delito, seguidas por Manabí, El Oro y Esmeraldas.

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Al observatorio le llama la atención que en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos haya un bajo porcentaje de causas, a pesar de que existe una alta tasa de muertes violentas relacionadas con el crimen transnacional organizado y un alto flujo de mercados ilícitos principalmente por su relación con la frontera de Colombia.

Además que en la Amazonía no existen casos durante más de cinco años de análisis, a pesar de ser provincias en las que hay delitos ambientales como la minería ilegal, el tráfico de hidrocarburos, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre.

Según el documento, el análisis evidencia una tendencia a evitar encaminar el curso procesal por el delito más grave, principalmente: tráfico de sustancias sujetas a fiscalización a alta y gran escala, lavado de activos, trata de personas y tráfico de migrantes.

Adicionalmente hay una aplicación excesiva del procedimiento abreviado, penas mínimas para las personas vinculadas y un desgaste en la aplicación de tiempo y recursos físicos de las técnicas especiales de investigación.

Andrés Ormaza, director de proyecto de fortalecimiento institucional contra delincuencia transnacional de esa fundación, expresó -en Ecuavisa- que la rebaja de penas genera una fractura en el sistema porque no es proporcional a la gravedad de los delitos.

Mencionó que el 30 % de sentencias se emitían sobre una sola persona.

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“Esta problemática se traduce en una significativa brecha de impunidad en la que predomina la investigación de casos y no estructuras, con un impacto exiguo en lo punitivo y económico”, refiere el documento.

Los principales delitos vinculados a delincuencia organizada son: organización o financiamiento para el tráfico ilícito de drogas, extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo con arma de fuego, estafa, receptación, tenencia y porte de armas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, peculado y lavado de activos.

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Una de las recomendaciones es el diseño de mecanismos de control o evaluaciones a jueces y fiscales, considerando, entre otros, las provincias donde se presentan más casos de delincuencia organizada y delitos graves, mayor número de sobreseimientos, ratificaciones de inocencia, dictámenes abstentivos y archivos para esa clase de delitos de casos y tipo de resoluciones que se concentran en esas jurisdicciones. (I)