Si bien Guayaquil, Durán y Samborondón, la Zona 8, tuvo una reducción del 17,29 % de asesinatos entre el 1 de enero y 7 de marzo en el marco del estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, vigentes desde el 8 y 9 de enero, la cifra de muertes violentas subió en algunos distritos en los que el 2023 el número era más bajo en el mismo periodo descrito.
La Zona 8, integrada por doce distritos, entre el 1 de enero y el 7 de marzo registró 330 crímenes frente a los 399 que hubo en el mismo periodo del 2023.
Los distritos en los que aumentaron los asesinatos de un año a otro son Durán, que pasó de 20 a 95; Pascuales, de 36 a 42; Esteros, de 25 a 34; Samborondón, de 3 a 8; y Modelo, de 5 a 8.
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Y, por el contrario, los distritos en los que bajó el número de crímenes son el Sur, de 76 a 48; Nueva Prosperina, de 122 a 26; Portete, de 36 a 20; 9 de Octubre, de 23 a 19; Florida, de 29 a 17; Progreso, de 19 a 11; y Ceibos, de 5 a 2.
De estas cifras oficiales de la Policía Nacional se desprende que son los distritos en los que la incidencia de crímenes disminuyó. Sin embargo, hay quienes dijeron sentirse preocupados porque en sus sectores se han dado asesinatos cuando antes no había tales o la cifra era más baja de la actual.
Entre el 9 de enero y 12 de marzo, el Bloque de Seguridad, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, aprehendió a 13.249 personas, de las cuales 280 fueron detenidas por presunto delito de terrorismo.
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¿Qué lectura deja estos resultados?
Fernando Carrión, especialista en seguridad, sostiene que, de acuerdo con labores de inteligencia, el Gobierno nacional ha priorizado los sectores que los que se identificó mayor prevalencia de las bandas delictivas, 22 de las cuales hoy son consideradas terroristas en el contexto del conflicto armado interno, según el Decreto 111.
Y por eso, por ejemplo, distritos como Nueva Prosperina, que el año pasado cerró con 566 crímenes, una cifra que lo ubicó, además, como el tercero más violento del mundo después de dos ciudades mexicanas, Colima y Zamora, entre el 1 de enero y 7 de marzo tuvo 26 casos cuando en el mismo lapso del 2023 registró 122.
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En este distrito militares y policías han ejecutado varios operativos conjuntos que han permitido golpear a las estructuras criminales consideradas terroristas ahora, entre ellas, Los Tiguerones, Los Águilas, Los Fatales y una pequeña facción de Los Choneros.
“Esto lo que produce, porque son acciones focalizadas, es un efecto globo o en México también le llaman ‘cucaracha’, que es el desplazamiento a otros lugares. Y no solo a otros lugares, sino a otros tipos de delito, y nosotros ya estamos viendo un incremento, por ejemplo, en secuestros y extorsiones. ¿Y esto por qué?, porque como se cierran los ingresos por la vía principal del narcotráfico, esos son los ingresos principales de estas 22 organizaciones, tienen que financiar la actividad de más o menos 50.000 personas que están vinculadas a estos grupos criminales y para eso tienen que ir a otros territorios y a otros tipos de delito para captar esos recursos económicos”, explica Carrión.
En consonancia con esto, la cifra de denuncias por extorsiones en la Zona 8 pasó de 566 casos en 2023 a 1.531 en 2024, y los secuestros, de 15 a 209, entre el 1 de enero y 8 de marzo, según cifras oficiales.
Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), menciona que el delito, en efecto, se desplaza en tiempo y espacio cuando hay una intervención focalizada en territorio y también hay modificación en el tipo de delito.
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“Yo creo que es lo que está pasando, es un efecto disuasivo que ha generado un desplazamiento y tal vez esto responda a que se ha dado prioridad a ciertas zonas frente a otras o la dinámica de ciertas zonas es muy distinta a las otras. Intervenciones directas sobre ciertos territorios, aun así hay una incidencia directa sobre el homicidio y en otras no, porque cada zona es distinta”, señala.
Para él, una intervención focalizada no únicamente implica acciones militares para disuadir y capturar delincuentes. Requiere, a su juicio, acciones sociales, situacionales importantes, que recuperen la tranquilidad del sector y así el Estado le gane terreno a la ilegalidad.
“Si solamente vamos a atacar la parte más superficial del problema posiblemente lo que tengamos sea varios efectos a corto plazo en ciertos territorios, mientras en otros se desplaza o se empieza a incrementar, y lastimosamente el recurso policial y militar siempre va a ser limitado. Por eso es que hay que ir con acciones más integrales y mucho más estructurales, por ejemplo, la justicia es fundamental”, refiere Pontón.
Para eso sería necesario ver la experiencia de Colombia, país en el que, dice, se han implementado intervenciones en territorio que han dado como resultado una disminución sistemática de la violencia y de forma sostenida, como el caso de Medellín.
“No es el mismo que en los años 80, 90. Hay una puesta de políticas (públicas) a corto, mediano y largo plazo que no solo están a nivel nacional, están a nivel local, a eso me refiero como una política integral frente al tema”, manifiesta el académico. (I)
