Además del mayor hacinamiento y falta de clasificación de los internos de las cárceles de Ecuador, según su situación procesal, tipo de delito cometido y nivel de peligrosidad, otro problema detectado es la falta de acceso a la educación, que es uno de los seis ejes de tratamiento para la rehabilitación social y con cuyo cumplimiento el reo puede solicitar beneficios penitenciarios, como por ejemplo, acogerse a un régimen semiabierto cuando haya cumplido el 60 % de la pena.

Esto ayudaría a reducir el exceso de personas que actualmente están privadas de la libertad, pero apenas unos 6.900 presos cursan actualmente cuatro niveles de programas educativos dentro de las prisiones del país, es decir, el 17,8 % de toda la población penitenciaria.

El restante 82,2 % de los detenidos no tiene acceso a la educación, según las últimas estadísticas del Organismo Técnico de Rehabilitación.

La participación de reos en los ejes de rehabilitación se ha visto afectada por la pandemia que estalló en 2020 y por las masacres de este 2021. Como referencia, en el 2019 hubo más de 80.000 internos involucrados en los ejes de educación, laboral, deportes, salud, cultura y vinculación social. Ahora, solo casi 7.000 están inscritos en el desarrollo de esas actividades, en las que participan también quienes ya se han acogido a los cambios de regímenes.

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Jóvenes infractores de Esmeraldas en un programa socioeducativo. Foto: Cortesía SNAI

El Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, que hizo un diagnóstico de lo que sucede en las prisiones y que fue tomado como insumo por la comisión parlamentaria que aborda la crisis carcelaria en Ecuador, advierte que donde hay más reclusos “existe menos aplicación de los ejes de tratamiento en actividades educativas, deportivas, laborales y culturales”.

Así consta en el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, cuyos integrantes visitaron el complejo carcelario de Guayaquil el pasado 4 de octubre.

En la Penitenciaría del Litoral, que es parte de este complejo y en cuyos pabellones existen 8.542 presos, apenas 668 cursan el año lectivo.

El Ministerio de Educación, a cargo de este eje, debía aumentar el número de presos en cursos de alfabetización, escolaridad y bachillerato hasta diciembre de este año, dice un informe del Organismo Técnico de Rehabilitación; pero eso no se ha cumplido en la “Peni”.

De hecho, a pesar de la inversión de $ 3,5 millones en cuatro niveles educativos, este año los programas solo han llegado a 30 de las 37 prisiones que existen en Ecuador.

En centros carcelarios de menor incidencia de violencia y niveles de hacinamiento sí se desarrollan programas y eventos acordes a los ejes de rehabilitación, según informa el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

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Daniel Pineda, experto en temas penitenciarios, sostiene que “la necesidad de concurrir ante el juez de garantías penitenciarias retarda el proceso para obtener beneficios penitenciarios”, y para solucionar eso sugiere “elaborar un sistema automático de cálculo del porcentaje de penas, para que los jueces puedan recibir notificaciones, porque al parecer les falta una agenda para conocer cuándo se debe aplicar este beneficio de ley, cuando es una obligación del Estado conocerlo, y no lo hace”.

Él cree que se requiere una reforma legal en la que se contemple una rebaja de pena por méritos de hasta el 50 %. “Hay que crear un sistema de recompensas, de recuento, para que las personas se esfuercen y se motiven a cumplir; que se les incentive a ingresar al eje educativo para seguir una carrera, a entrar al eje laboral, al eje deportivo, porque al día de hoy el único requisito para pedir el 60 % de la pena son esos documentos. Hay que brindarles la oportunidad de que se rehabiliten y se desarrollen”.

Pero la guerra entre bandas ha afectado la educación de los reos, reconocen las autoridades del sistema carcelario.

Los guías sostienen que en la Penitenciaría las mafias amenazan a los internos para evitar que se eduquen, y así no pueden acogerse a beneficios para salir rehabilitados y con anticipación. “Es que, si salen, ellos pierden a su ejército y a sus víctimas, porque hay muchos presos que son obligados a delinquir contra otros”, dice la madre de un interno, que debe cancelar 25 dólares cada mes para que no maltraten a su hijo. “Aparte les obligan a comprar cosas que ni necesitan y con sobreprecio”, se queja.

Así también, hay internos que simplemente no muestran interés en el eje educativo, porque prefieren participar en esa “economía delictiva” que implica vender droga, introducir objetos prohibidos o extorsionar a sus compañeros.

Y los que sí quieren estudiar deben sortear, además de las amenazas de sus compañeros, las dificultades generadas a partir de cada masacre que ha ocurrido este año. Por ejemplo, según el informe legislativo sobre la crisis carcelaria, la infraestructura de los espacios educativos ha quedado destruida por el cruce de balas y explosivos.

Ante las alertas de amotinamiento y luego de que estos suceden, los maestros no han podido ingresar a los grandes centros carcelarios, como el de Guayaquil. Así, el año lectivo actual ha sido muy irregular para los pocos que han decidido estudiar aquí.

La Penitenciaría del Litoral no pudo ser visitada esta semana por los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro de su agenda de visitas a otras prisiones. La entidad habla del abandono del sistema penitenciario y de rehabilitación social en Ecuador.

La situación ha sido diferente en las prisiones de la Sierra. Por ejemplo, en la cárcel de Latacunga los maestros sí han podido ingresar a dar clases, a pesar de los problemas, que han sido menores en comparación con los hechos de Guayaquil.

En la cárcel de Cotopaxi “se informó que los defensores públicos no ingresan por temor. Los profesores, sin embargo, no han dejado de asistir”, señala parte del informe parlamentario, que sugiere aumentar el número de educadores y conmina al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes.

Las cifras de graduados en la cárcel reflejan esa brecha entre estas dos regiones. Según datos del Ministerio de Educación, en el año lectivo 2020-2021 se titularon 236 detenidos en la Sierra frente a solo 82 en la Costa.

El Ministerio de Educación, entre tanto, sostiene que está “garantizada la continuidad del sistema educativo pese a todos los inconvenientes” y asegura que se ha diseñado “un plan de intervención para fortalecer el bachillerato”, pero eso será para el próximo curso lectivo. (I)