Hace pocos días un relato del exasambleísta Raúl Patiño, en un acto proselitista en la provincia de Cañar, obtuvo la atención de la ciudadanía. Él dijo que en el interior de la Asamblea sabían de la corrupción en Petroecuador y de los contratos con sobreprecios: “Cuántas veces nos reuníamos y decíamos qué hacemos, cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos señalan que están robando en Petroecuador, a todos esos ministros que sabíamos que hacían las cosas con sobreprecio, pero en la Asamblea no sabíamos qué hacer porque era absolutamente prohibido fiscalizar, tanto es así que siendo asambleísta dije: No me voy a quedar aquí, siendo cómplice de los corruptos, por eso a los dos años renuncié”.

Estas palabras confirmarían que en ese periodo la democracia fue una ficción, porque en un país democrático nadie puede dar órdenes a los asambleístas, ni estos tienen por qué obedecer. Pero ahora que esto que es público confirma las sospechas de muchos, es pertinente preguntar ¿quién les prohibía?, ¿quiénes robaban? Patiño empezó a hablar y debería ser llamado ante el fiscal para que conteste las dos preguntas que todos estamos haciéndonos y algunas más que, probablemente, el funcionario necesitará formular. (O)