Ecuador es país de alto riesgo; las inversionistas mineras lo están viviendo en carne propia.

Hace tres años, una vez que el presidente Correa se convenció de que el precio del petróleo no retornaría a los USD100 por barril, aceptó los argumentos del viceministro de Minería Javier Córdova para suavizar el durísimo tratamiento tributario de la legislación minera. Correa Delgado crea el Ministerio de Minería, nombra a Córdova ministro, y mediante reformas legales y de reglamentos flexibiliza las normas tributarias.

Córdova Unda hace una extraordinaria labor de poner al Ecuador en el mapa minero mundial. En 2017, Ecuador fue el país que más interés suscitó en todo el mundo. Ecuacorriente, Lundin y otras comenzaron a desarrollar los yacimientos descubiertos antes del mandato minero de 2008. Solgold encontró un prospecto de nivel mundial en Imbabura. Las grandes multinacionales vinieron en pos de concesiones.

La minería es el sector económico de mejores perspectivas económicas para los siguientes diez años. Minería y petróleo juntos contribuirían de manera conjunta a tornar menos doloroso el inevitable ajuste ante el desbocado gasto público que hereda Lenín Moreno y la dependencia en endeudamiento externo para mantener la burocracia.

Pero todo amenazó con derrumbarse de la noche a la mañana. La Conaie convenció al presidente Moreno de frenar las concesiones mineras y los activistas antiminería organizaron una marcha pidiendo la cabeza de Córdova. El presidente accedió y se las brindó en bandeja de plata.

El presidente dispuso un alto al otorgamiento de nuevas concesiones, lo cual es procedente, para poder evaluar lo hecho y afinar los términos de futuros contratos. Al presidente le dijeron que el ministro había incumplido con la disposición de cerrar el catastro minero y había otorgado la concesión Los Bancos. De ahí el pedido de renuncia.

Mientras, en cumplimiento del mandato de la consulta popular, el presidente envía a la Asamblea un proyecto de ley derogando la Ley de Plusvalía. En dicha ley se introdujeron reformas tributarias que no tenían que ver con la plusvalía, entre ellas, una que daba un periodo de gracia de cuatro años para la aplicación del impuesto a los ingresos extraordinarios en la actividad minera.

De pronto, para las mineras comprometidas a invertir fuertes sumas en los próximos años les cambian las condiciones económicas de los contratos, despiden al ministro que era el autor de la apertura minera, se dispone la revisión de contratos existentes y se anuncia la reversión de al menos uno. Caos total. La próxima semana tiene lugar en Toronto el PDAC, el mayor evento minero mundial, y en el que se dedica un día al Ecuador. Habrá enorme expectativa.

El panorama comienza a aclararse. La viceministra encargada de la cartera, Rebeca Illescas, en entrevistas con los medios públicos, anuncia que habrá continuidad. Sobre la concesión tardía sospechosa explicó que había sido otorgada antes de la orden de la suspensión; lo que se hizo posteriormente fue tan solo la inscripción.

El presidente no se habría percatado del impacto que tendría la abrupta salida del ministro o los efectos negativos para las mineras de la derogatoria total de la Ley de Plusvalía. Ahora toca reparar los daños. (O)