El enfrentamiento entre el excontralor Carlos Pólit; Carlos Baca, fiscal general de la Nación; y José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, develó el altísimo nivel de corrupción política y de desinstitucionalización del Ecuador.

La conversación telefónica con Serrano, grabada –a manera de celada– por el excontralor Pólit, quien intervino en el diálogo, confirma que el correato utilizó las instituciones del Estado contra personas naturales y jurídicas privadas, por sus críticas a los abusos de autoridad. Que los procedimientos judiciales y administrativos fueron manipulados para que terminen en sentencias condenatorias o sanciones y así “darles de baja” a los perseguidos. Esto último, parafraseando el mejor deseo de José Serrano respecto de Carlos Baca (el peor no quiero imaginarlo), debido a que este no habría cumplido acuerdos y ya “no se sabe a quién responde”.

La tamaña desfachatez del excontralor es comparable a la de Popeye, el sicario de Pablo Escobar que conservaba dinero en “caletas”, que logró ser entrevistado por la TV colombiana, publicar un libro y continuar delinquiendo, todo mientras estaba preso. Este contexto nos enfrenta a una realidad: no podremos expulsar la corrupción política, ni evitar el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y menos sancionarlos con el actual sistema judicial dependiente del poder político. Todos entrelazados por el parentesco, amiguismo o lazos sentimentales que “pueden hacer probar el sabor de su poder” a quien se atreva a cuestionarlos.

Ante ese statu quo solo podemos exigir en calles y plazas que el presidente Moreno cumpla su oferta de campaña de pedir a Naciones Unidas una Comisión Internacional para desmontar el sistema antiimpunidad impuesto por Correa.

Guatemala pudo embestir las estructuras mafiosas dentro del Estado y encarcelar a los “intocables”, únicamente con ayuda de Naciones Unidas, a través de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad), la que inicialmente no recibió apoyo de los defensores de la soberanía nacional. Tal órgano técnico internacional independiente apoya a la Fiscalía y Policía guatemaltecas en el desmantelamiento de la corrupción del sector público, con las acciones de investigación, persecución penal de casos complejos y su posterior auditoría.

En el 2015, la Cicig desarticuló una red criminal encabezada por el propio presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Fue así como luego de 21 investigaciones penales se imputó a 184 personas, entre diputados, jueces, ministros de Estado y empresarios. Recientemente fue apresado el expresidente Álvaro Colom e imputado por corrupción y peculado.

Allá se utilizan las interceptaciones telefónicas para investigar delitos en un debido proceso… ¡y no como acá! Para ejemplo, la conversación publicitada por el fiscal Baca.

Algo más, señor presidente Moreno. La revelación de Pólit en CNN, de que “no hubo golpe de Estado” y que “eso fue un invento de la Comisión del 30-S...” (integrada por Baca), obliga al Estado ecuatoriano a desagraviar a Diario EL UNIVERSO, a los hermanos Pérez y al periodista Emilio Palacio. Recuerde, fueron perseguidos por Rafael Correa, porque Palacio se atrevió a señalar tal inexistencia. Asimismo, el sobreseimiento judicial de Ángel Polibio Córdova (Cedatos), del presunto delito de falsificación y uso doloso de documentos, impone a quien fue su acusadora, la ministra Rosana Alvarado, a rogar perdón y renunciar. Es lo decente. (O)