Luego de toda una década de despilfarro y mal manejo económico finalmente vemos un giro en el manejo de las finanzas públicas, donde la transparencia nuevamente parece posible. No ha sido fácil, y el actual Gobierno tuvo que pasar por dos ministros de la misma línea correísta para confirmar en carne propia que las medidas del pasado no solucionarían los problemas heredados.

En tan solo 12 meses el Gobierno ha ganado un nuevo amigo que antes no tenía: el sector privado. Todos recordamos las luchas que diariamente tuvieron que pasar los empresarios para sobrevivir el acoso correísta. El sector privado, las Cámaras, los importadores, los pequeños y grandes empresarios fueron vistos como los mayores enemigos del Gobierno (sin olvidarnos de la prensa a la que tildaba de “corrupta”). Durante 10 años se buscó, a través de una creación constante y subida recurrente de impuestos, salvaguardias, aranceles, anticipo a la impuesta a la renta, ISD, cupos, tasas y otras muchas medidas, recaudar, de la empresa privada y de los contribuyentes, el dinero necesario para cubrir su despilfarro, que incluyó endeudamiento desmedido y aparentes sobreprecios en cada obra pública que inauguraban.

Hoy, finalmente parece que esta mentalidad ha cambiado y el presidente Moreno ha visto en el sector privado al principal actor en las finanzas del país, y al gran aliado para solucionar los problemas que le dejó su antecesor. Pero salir de este bache económico va a ser lento y exigirá grandes sacrificios de lado y lado. Hay que recordar que este es un problema ocasionado por el anterior Gobierno, y por lo tanto la lenta recuperación que tendremos por delante no será culpa del sector empresarial que hoy está trabajando en las soluciones, sino únicamente de la herencia correísta.

En el 2007 el gasto público significaba alrededor del 20% del PIB, mientras que hoy en día alrededor del 40%. Este aumento en 20 puntos significó principalmente mayor burocracia que se traduce en más sueldos y salarios.

Según estimaciones del economista Fausto Ortiz, regresar a niveles de 40% del PIB en deuda pública nos tomará por lo menos 7 años. Esto tomando en consideración que el déficit fiscal caiga 1 punto por año y que la economía crezca a un promedio mayor al 2% anual. De la misma manera, decrecer el gasto público no va a ser tarea fácil, más aún cuando este fue el motor que movió a la economía durante la última década. En el 2007 el gasto público significaba alrededor del 20% del PIB; mientras que hoy en día, alrededor del 40%. Este aumento en 20 puntos significó principalmente mayor burocracia, que se traduce en más sueldos y salarios.

Una buena solución sería buscar concesionar al sector privado las obras y proyectos que actualmente representan un costo muy alto para el Estado. Los empleados son de esta manera traspasados al sector privado sin causar despidos y aliviando así la carga de salarios. La economía crece al aprovecharse estos recursos de una manera más eficiente y el ciudadano común recibe un servicio de mejor calidad. Ejemplos de estos hay muchos, como el hospital del IESS en Los Ceibos, hidroeléctricas, carreteras y demás inversiones que, lejos de ser un aporte, hoy constituyen una carga para el Estado.

Aprovechemos este nuevo acercamiento del presidente con el sector privado, sin olvidarnos de que decrecer el excesivo gasto público es el requisito básico para una solución a largo plazo. (O)